Al igual que hace más de 200 años los fundadores de la Unión Americana se reunieron a puerta cerrada para escribir la constitución política del país, el Congreso de Estados Unidos se reunió este 6 de enero para certificar a Joe Biden como su presidente. Bajo especulaciones en todo el mundo que el imperio se caía, el gobierno entró en crisis, que Trump no dejaría el poder, o que Estados Unidos se volvió una “república bananera” más, el Congreso del país resolvió el caos generado por la toma del Capitolio por terroristas, en menos de 24 horas. Sin embargo el haber resuelto su crisis institucional, tomado control de los recintos congresionales y haber certificado al nuevo presidente, la polarización radicalizada por la retórica belicista de Donald Trump por cuatro años, dista por desaparecer. La ingenuidad e inocencia de millones de pobres dispuestos a destruir su república retrocediéndola a la esclavitud y el segregacionismo que les propone Donald Trump, siguen agitadas por su discurso incendiario.
La permisión o poca resistencia que opusieron las autoridades encargadas de la seguridad del Congreso a los extremistas y los niveles de violencia al interior del Capitolio dejaron entrever que esta operación había sido no solo planificada, sino con conocimiento y complicidad en altas esferas del gobierno federal. Aunque parecía que la insurrección duraría días como en las llamadas repúblicas bananeras, la operación fue planificada para unas horas. Es inexplicable como la fuerza policiaca que cuida un edificio de 67,000 metros cuadrados con más de dos mil agentes y 450 millones de dólares en presupuesto, que registra y supervisa la entrada de cada empleado del Congreso haya permitido la entrada de cientos de extremistas con armas suficientes para vandalizarlo. La obstrucción misma de la participación de cuerpos policiales de los estados vecinos y del mismo Departamento de Policía de la ciudad de Washington, sugiere complicidad y deja pendiente un debate y reforma en instituciones encargadas de aplicar la ley, que han estado permitiendo el extremismo bélico de grupos racistas blancos en lugares públicos, en los últimos años.
Si bien la toma violenta del Capitolio expuso la erosión que ha sufrido el estado de derecho en los últimos cuatro años, en la Unión Americana, la respuesta ágil de los congresistas terminó por abreviar el proceso de certificación que los aliados de Trump tenían planeado que durara unos seis días. Los legisladores demócratas reaccionaron envalentonados por haberse demostrado las consecuencias violentas de la retórica incendiaria de Trump. Mientras los senadores y representantes republicanos lo hicieron por una mezcla de vergüenza y pragmatismo futurista de conveniencia política. El mismo vicepresidente, Mike Pence, acompañó y facilitó el procedimiento de certificación de los resultados reportados por el colegio electoral en menos de 24 horas. Estados Unidos vive una palestra constitucional desde el Capitolio ante el mundo que presagia una implosión de la democracia modelo que dirige el más grande imperio de nuestro tiempo.
La polarización del país no ha tomado curso de la noche a la mañana, ni va desaparecer con la administración Biden. El conflicto ideológico heredado de los fundadores de la nación americana, obliga a los estadounidenses a un debate profundo que pasa por la revisión de su cultura de castas, como lo indica Isabel Wilkerson, y algunas de las enmiendas constitucionales que enfrentan a conciudadanos. La administración Trump ha provocado a la izquierda que protesta la brutalidad policiaca, el racismo, los derechos de las mujeres, inmigrantes y homosexuales, como a la derecha que promueve la supremacía blanca y un nacionalismo nativista. Será necesario una revolución cultural con terapia a la xenofobia que cultive el sentido común, para una conciliación en el país. La búsqueda de una armonía social tendrá que ir más allá de la celebración del multiculturalismo rezagado en una aparente tolerancia, que nunca se vuelve política pública. Una reconciliación nacional no tiene que limitarse a remover los nombres de esclavistas de las calles, escuelas y parques. Es necesario buscar la justicia para todos los contribuyentes del país sin distingo de raza, origen, credo, ni sexo. Si bien es imposible la igualdad, se puede procurar equidad en las políticas públicas locales, estatales y federales, empezando por la aplicación de la ley.
La llamada insurrección en el Capitolio, residencia de operaciones del Congreso de los Estados Unidos, demostró que hay un movimiento nacionalista radicalizado dispuesto a usar la violencia para conseguir sus propósitos, que cuenta con el apoyo de legisladores como los senadores Ted Cruz, Josh Hawly y otros republicanos, además de Trump. También expone el alto nivel de erosión del estado de derecho que Estados Unidos ha sufrido en los últimos cuatro años. Más importante aún, las reacciones al ataque nos muestran que hay poderes fácticos por encima del gobierno de Estados Unidos que tienen el poder de coartar la libertad de expresión de cualquiera, incluso al presidente de la nación, aunque en el contexto del vandalismo perpetrado en el Capitolio haya sido positivo. Los plutócratas, dueños de Facebook, Twitter e Instagram, ejercieron su poder de restringir las comunicaciones del presidente con sus adeptos, al cancelar las cuentas de Trump en sus plataformas. También ha quedado claro, que a nivel mundial, hemos arribado a la era del “colonialismo de los datos” como lo tipifica el historiador Yuval Noah Harari.
