Este Lunes, el partido Cambio Democrático (CD), presentó una iniciativa para que se debata y de ser posible se elabore un dictamen favorable para la aprobación de una Ley Especial sobre Desaparición Forzada cometida por particulares, pandillas o crimen organizado.
Esta es la tercera pieza de correspondencia que recibirá la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Palacio Legislativo.
Anteriormente, dicha instancia ya tiene en sus manos dos propuestas para la prevención y protección de víctimas en condición de desplazamiento forzado, una deuda pendiente, que los políticos no han cumplido, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenara al Gobierno a reconocer la existencia de este fenómeno social.
En la actualidad, El Salvador vive un drama por la agudización del problema de las personas privadas de libertad, llamadas popularmente como desaparecidas, el cual ha ido en crecimiento con el paso de los años.
El diputado Juan José Martell en su iniciativa expone que con el paso de los años, y de acuerdo a las últimas estadísticas oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR), representa un promedio diario de 9.3 personas desaparecidas de enero a julio de 2019, alcanzando un total de 32 mil 481 denuncias de enero de 2010 al 15 de julio del presente año.
De este universo, de enero a junio de 2019, se registraron 1,025 denuncias de privación de libertad en hombres, 545 mujeres y un número sin determinar de 119, para un total de 1,689 desapariciones,
En este año, los casos han ocurrido con mayor insistencia en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, La Libertad, San Miguel, Sonsonate y Usulután.
El diputado Martell señala que este problema no es nuevo, pues en el año 2010, ya se reportaban un promedio diario de 5.5 personas desaparecidas, constituyéndose como un fenómeno criminal y social que afecta en su mayoría a los hombres, en la zona urbana, quienes desaparecen a plena luz del día.
Aunque existen esfuerzos importantes realizados por la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el momento el Estado de El Salvador no ha actuado unificadamente y de manera institucional, para obtener resultados efectivos y rápidos.
Ni si quiera ha sido posible obtener en la actualidad una cifra estandarizada de personas privadas de libertad, ya que la información existente es dispersa, confusa e inexacta.
Esta situación, produce repercusiones negativas en las víctimas y sus familiares, que en la mayor parte de los casos no cuentan con un procedimiento específico para poner las denuncias, para que los casos sean atendidos de forma urgente y viven incluso por años sin saber nada de sus parientes desaparecidos, imposibilitándose que cierren el ciclo del duelo, sometidos bajo un dolor permanente e interminable.
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Por ello, con la intención de brindar un procedimiento especial para que los familiares de las víctimas puedan interponer una denuncia, y cuenten con herramientas efectivas para dar con el paradero de sus familiares, así como con la ayuda necesaria para afrontar los momentos difíciles derivados de la desaparición o privación de libertad de un familiar, es que Cambio Democrático propone que se aprueba dicha normativa.
Esta pieza de correspondencia entrará al pleno el martes y será enviada a la Comisión de Legislación que deberá dar trámite no solo a esta iniciativa, sino también a otras dos que ya están en estudio para unificar criterios que permitan contar con una normativa que ayude a las familias que están pasando por un dolor con el desaparecimiento de sus seres queridos.