El excoronel y exviceministro de Defensa Inocente Orlando Montano está a horas de convertirse en el primer exmilitar enjuiciado en España acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en noviembre de 1989.
Según fuentes diplomáticas, Montano salió de Atlanta, Estados Unidos, hacia Madrid a las 6:10 p.m (hora local) en un vuelo comercial. Este jueves deberá presentarse a la Audiencia Nacional española por la masacre de la UCA.
Nacido en San Vicente en 1943, se graduó de la Escuela Militar de las Américas en Estados Unidos en 1970 donde recibió adiestramiento para la lucha contrainsurgente de parte del ejército de estadounidense, dentro del contexto de la Guerra Fría.
Montano fue parte de la llamada “Tandona”, la generación de 47 graduados de la Escuela Militar en 1966 y de la cual, además de él, otros de sus miembros han sido acusados de haber cometido u ordenado crímenes de guerra.
Durante los años del conflicto armado en El Salvador, el exmilitar estuvo a cargo de dirigir unidades contrainsurgentes como los batallones Belloso y Arce del Ejército. Además estuvo a cargo de la Brigada de Infantería.
En 1989 fue nombrado viceministro de Defensa por el entonces presidente arenero Alfredo Cristiani.
Según lo argumentado durante el proceso por EE.UU., un día antes de la masacre de los Jesuitas, Montano participó en una reunión donde uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides que usara al temido batallón de elite “Atlácatl” para asesinar a los jesuitas.
"Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo", ordenó Ponce en presencia de Montano, que en el encuentro del grupo de militares supuestamente facilitó la ubicación del jesuita al anunciar que había vuelto de España y estaba en El Salvador, según figura en escritos de la acusación.
Montano se jubiló como militar a los 51 años en 1994 tras la firma de los Acuerdos de Paz dos años antes.
Once años después de la masacre, en el 2000, la Compañía de Jesús en El Salvador intentó reabrir el caso; sin embargo, la Ley de Amnistía fue una loza que impidió que la moción tuviera éxito.
Un año después, en 2001, Montano se fugó de El Salvador y se radicó en Boston, donde aplicó de manera fraudulenta al Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), programa que sirvió para acoger a los salvadoreños que migraron después de los terremotos de enero y febrero en dicho año.
El exmilitar trabajó en una fábrica de dulces y mantuvo un perfil bajo hasta que la abogada querellante del Caso Jesuitas en España, Almudena Bernabéu, descubrió su paradero.
Fue detenido en 2011 bajo sospecha de fraude migratorio por las autoridades norteamericanas al haber mentido sobre su pasado como miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador.
El 31 de marzo de ese mismo año, España emitió una orden de arresto internacional contra Montano y otros 19 exoficiales militares salvadoreños por su participación en la masacre de los religiosos. Debido a una revisión de las leyes españolas en 2014, los cargos en la orden de arresto de 2011 fueron limitados al terrorismo y el asesinato, sobre la base de que cinco de los sacerdotes jesuitas asesinados eran ciudadanos españoles.
Seis años después, Montano se convertirá en el primer exfuncionario militar de alto rango en enfrentarse a un juicio por el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
