La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa decidió iniciar un estudio de las tasas de interés que se cobra en los créditos otorgados por el sistema financiero de El Salvador, esto tras escuchar la postura del presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Raúl Cardenal.
El presidente de ABANSA fue interrogado por los diputados sobre los altos intereses aplicados a los préstamos y tarjetas de crédito, esto debido a las denuncias realizadas por la población sobre abusos que han sufrido por parte del sistema financiero, las cuales fueron expuestas a Cardenal.
“Hemos empezado con el estudio de las tasas de interés en los créditos y la contabilización de estos cuando caen en mora. Actualmente las regulaciones no benefician a los salvadoreños”, manifestó la presidenta de la comisión, la diputada Dania González.
Por su parte, el diputado Caleb Navarro, recriminó que el sistema financiero esté diseñado para que el salvadoreño esté siempre “en ese círculo vicioso y nunca poder salir de pagar su tarjeta de crédito, su casa, su crédito personal”.
Los diputados informaron que de las 133,000 denuncias que ha recibido la Defensoría del Consumidor en los últimos años, el 30% son en contra de productos financieros de la banca privada salvadoreña.
La comisión financiera detalló que en un mes habrán finalizado de escuchar a todos los sectores del sistema financiero. Agregaron que posterior a esta fase se reformarán, entre otras, la Ley de Tarjetas de Crédito, Ley contra la Usura y Defensoría del Consumidor, con el objetivo de dotar a esta última de las herramientas necesarias para imponer sanciones y multas a los bancos por el abuso en contra de sus clientes.
Para la próxima sesión, los parlamentarios acordaron citar a las cooperativas y representantes de Almacenes SIMAN, La Curacao y Almacenes Tropigas.
Por otra parte, el titular de ABANSA fue cuestionado por una demanda interpuesta por el banco DAVIVIENDA, representado por Gerardo Simán, primo de Javier Simán, contra el Estado salvadoreño por un monto de $49.3 millones.
La diputada González explicó que el banco Davivienda, anteriormente banco HSBC, miembro de ABANSA, demandó al Estado salvadoreño “por $49.3 millones por haber perdido un caso a nivel nacional que son intereses totalmente privados”.
“¿Qué tiene que ver el Estado salvadoreño con esa demanda cuando se quiere quitarle $49.3 millones a los salvadoreños? en lugar de construir escuelas, en lugar de construir hospitales, considera usted eso justo?”, cuestionó la diputada González al titular de ABANSA.
La diputada González agregó que los abogados de Davivienda son el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González, y Humberto Saénz, este último quien “es el que manda en Acción Ciudadana”, una institución también critica contra las acciones del Ejecutivo.
“Veo que el máximo dirigente de bancos no conoce el tema y eso me sorprende. Vemos que ahora un banco, porque perdió un caso, se fue al extranjero a ponerle una demanda al Estado salvadoreño”, agregó el legislador William Soriano, también de Nuevas Ideas.
Dijo que “nos ha tocado estar dando fondos para algo que pudimos haberlo utilizado para el desarrollo de la nación. Cómo le explicamos a los salvadoreños que un banco, por haber perdido un caso, quiere recuperar su dinero”, añadió Soriano.
Cardenal acudió este viernes a un citatorio de la comisión financiera legislativa que analiza múltiples denuncias de los salvadoreños sobre el cobro de intereses por créditos solicitados al sistema financiero, entre otros.
