Alrededor de 500 familias fueron víctimas de estafa por parte de la empresa lotificadora Argoz, S. A. de C. V., que les vendió terrenos de los cuales nunca les entregó las escrituras de propiedad.
En un trabajo articulado entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, el miércoles pasado una comitiva de diputados entregó los folios sobre la estafa de Argoz a la mesa de casos colectivos.
Dicha mesa técnica la conforman el Ministerio de Vivienda, el Centro Nacional de Registros (CNR) y la Defensoría del Consumidor.
Los diputados Salvador Chacón y Marcela Pineda, presidentes de las comisiones de obras públicas, transporte y vivienda, y de legislación y puntos constitucionales, respectivamente, detallaron que este es un paso importante para la legalización de los inmuebles.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que una de las principales afectaciones que sufren las familias es que no pueden recibir apoyo con proyectos habitacionales de parte de la cartera estatal que preside.
“Los diputados nos entregaron una lista de lotificaciones irregulares que pasarán al análisis de la mesa de casos colectivos. Estamos dando un gran paso para que ningún lotificador se aproveche de las familias más humildes”, mencionó Sol.
Por su parte, el titular del CNR, Camilo Trigueros, detalló que la institución comenzará el proceso de verificación catastral de cada terreno, y sobre eso determinará las acciones que se tomarán.
La Defensoría del Consumidor presentó un aviso ante la Fiscalía para indagar las prácticas que presuntamente derivarían en delitos penales.
En noviembre del año pasado, diputados de la fracción legislativa de Nuevas Ideas también presentaron un aviso por la estafa de la lotificadora Argoz a familias de La Libertad, La Paz, San Vicente, Sonsonate y Usulután.
Salvador Chacón afirmó: “Iniciamos el proceso para hacer justicia a cientos de familias salvadoreñas que fueron engañadas por estas empresas lotificadoras”.
Con la llegada del actual Gobierno y la nueva Asamblea, el desmantelamiento de estas redes de estafas avanzó significativamente.
La Asamblea avaló en 2021 que el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) transfiriera en calidad de donación 245 inmuebles a igual número de familias que fueron estafadas por Procades.
Esta organización obtuvo fondos públicos para ofertar terrenos que finalmente no pudo legalizar y terminó perdiendo en un juicio.
Estas propiedades pasaron a ser activos de Fonavipo para dárselas a los afectados.
