Tras varios meses debatiendo un posible incremento al salario mínimo y ante un gran consenso sobre la necesidad que tiene la población de aumentar su poder adquisitivo para mejorar su calidad de vida, el tema parece mantenerse entrampado. Esta situación puede tender a dilatar una jugada que según economistas no implica únicamente un costo como lo han señalado algunos sectores empresariales sino que por el contrario, podría dinamizar la economía generando demanda y mayor producción.
Al estancamiento observado de este proceso se suman nuevos elementos que podrían alejar la consolidación de un incremento. Recientemente, se conoció en el periódico digital El Faro, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estima que tras el cambio al nuevo sistema de cuentas nacionales que se basará en el año 2005 y ya no en 1990, habría una reducción del 14.4 % en el Producto Interno Bruto (PIB). Con base en datos de 2015, el PIB sería entonces deUS$3,722 millones menos de lo estimado en los informes oficiales y correspondería a US$22,128 millones y no US$25,850 millones contabilizados.
“La situación es complicada sobre todo cuando el PIB podría tener una sobreestimación, esto debería suponer una revisión más detallada y técnica de cara a un posible aumento al salario, puesto que este panorama tiene una vinculación estrecha con los niveles de productividad “acotó el economista Rommel Rodríguez en conversación con ContraPunto.
Aunque el Banco Central de Reserva (BCR) no lo ha confirmado y habrá que esperar su informe respectivo al final de este año, desde la perspectiva de Rodríguez, este sería un nuevo elemento técnico a valorar de cara a una aprobación del incremento al salario.
Según Rodríguez, pese a que un incremento al salario podría mejorar el poder adquisitivo de muchas personas y por consiguiente fortalecer la demanda y reactivar el circuito económico el economista indica que es necesario el estudio técnico de las condiciones. La posible sobreestimación del PIB, podría desencadenar un nuevo diálogo o negociación a juicio del economista.
Sumado a la incertidumbre que plantea este panorama, Rodríguez apuntaló también que la elaboración de políticas públicas, análisis técnicos y económicos en el país, tienen una base frágil en el tema de las estadísticas, las cuales deberían ser un fuerte en estos procesos que son clave para diagnosticar la situación de un país.
Un segundo elemento que puede continuar dilatando la aprobación del aumento del salario mínimo es el anuncio del Ministerio de Trabajo dando a conocer que se prepara la convocatoria a los sindicatos y asociaciones de trabajadores, para renovar la representación laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), ya que prescribieron las credenciales que tienen una duración de dos años. También se renovará la representación empresarial. Esta convocatoria será hecha por la titular del ramo ya que el reglamento del Consejo la mandata para tal efecto.
Por otro lado, la Ministro de Trabajo informó que paralelo a la convocatoria se está solicitando a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para que acompañe y brinde asesorías en un mecanismo que agilice y mejore la calidad de los procesos en esta materia.
Un acuerdo sin acuerdo final
El pasado mes de junio, el CNSM llegó a un acuerdo de un incremento del 15 % diferido en tres años (5 % anual) pero a este día, el proceso continúa estancado, sin poder ser aplicado debido la falta del aval final de la ministra de Trabajo Sandra Guevara.
El acuerdo fue tomado por la empresa privada y la parte sindical, por su parte el Gobierno no avaló la propuesta por considerar que viola los derechos humanos y la Constitución de la República, alegando que el aumento de 15% es insuficiente. La aprobación de estos porcentajes responde a la propuesta hecha por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Al inicio del estudio para el incremento, el CNSM recibió alrededor de 11 propuestas entre ellas las de la ANEP, la de sindicatos, organizaciones civiles y la gubernamental. Las ONG proponían un ajuste salarial de hasta US$300 para el sector agropecuario y de US$300, US$400 y hasta US$500 para las empresas del área urbana.
La ANEP planteó un incremento gradual de 15% y en su momento sostuvo que un incremento que no esté acorde a la capacidad de las empresas podría desembocar en desempleo o en el incremento de algunos precios de la canasta básica por los costos del nuevo ajuste.
Por su parte el Gobierno elaboró una propuesta que buscaba la homologación de nueve diferentes salarios mínimos actuales para la zona urbana y rural, ascendiendo a los US$300 en la zona urbana y en la zona agrícola a US$250.
El ejecutivo alegó como “fundamento” ocho variables económicas que datan de 2014 y 2015 entre las que destacaban el crecimiento de las exportaciones totales en 4,8%, 45% de crecimiento de las exportaciones de café y las de azúcar y maquilas con un aumento de 8.8%. También hubo un aumento en la inversión pública y privada y en las importación de bienes de capital. Además afirmó que la economía goza de una buena estabilidad monetaria y de estabilidad en los precios.
La necesidad latente de un incremento
En torno al caso, entidades como OXFAM han remarcado que aumento al salario mínimo es urgente para que más población logre cubrir la canasta básica ampliada y redistribuir los ingresos. De acuerdo con el organismo, en El Salvador con el salario mínimo actual sólo se logra cubrir el 66% de la canasta básica ampliada, por lo que es urgente un aumento.
Información proporcionada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), que muestra que con el costo de la vida o canasta básica ampliada que ronda los US$403.01 dólares en el área urbana y US$286.44 en el área rural, aún con el aumento de 15% habría sido difícil cubrir este estándar.
En esta misma línea, OXFAM también ha señalado que una política salarial equilibrada también contribuye a la redistribución del ingreso, es básico que los países logren tener salarios que le permitan tener a la población acceso a servicios básicos fundamentales.
La economista Julia Evelyn Martínez, explicó que no se puede dejar de lado que el salario mínimo cumple muchas funciones, entre ellas garantizar condiciones de justicia social, estabilidad económica expresada en la armonía entre capital y trabajador y así mantener una demanda efectiva para que las empresas mejoren sus resultados económicos: “más demanda, mayor facturación ingresos y eventualmente mayor ganancia”, mencionó.
Martínez consideró también que históricamente una de las mayores retrancas en el tema del salario mínimo ha sido la clase empresarial salvadoreña, que se ha caracterizado por no reconocer la urgencia de mejorar el salario mínimo, para que la población pueda satisfacer ““en la medida de lo posible- las necesidades básicas.
Otra de las problemáticas que preocupan y que podría atajar un posible incremento, según Martínez, es la tendencia que parece darse hacia el empobrecimiento de la clase trabajadora: “Lo que observamos en el mundo entero es que tener un empleo ya no es sinónimo de no ser pobre y si queremos romper con esta tendencia, hay instrumentos para ello, el salario mínimo es uno de esos si se hacen ajustes razonables, que van más allá de los que propone la ANEP” dijo.
La necesidad de un incremento digno y la urgencia de que la población mejore su capacidad adquisitiva en pro de su calidad de vida son evidentes. No obstante, más allá de la discusión sobre cuánto será el incremento, ante el panorama planteado parecería que el tema del salario mínimo seguirá siendo lo expresado al inicio: una asignatura pendiente sin una fecha concreta de aplicación.
*El presente trabajo se realizó en colaboración con la economista Elcira Beltrán
