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sábado, 25 de septiembre del 2021

Inconstitucionalidad de Amnistí­a abre puertas de la justicia

Analistas aseguran que a FGR debe actuar de manera "comprometida e independiente" para investigar crí­menes de guerra

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Analistas y defensores de los derechos humanos en El Salvador coinciden en que la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistí­a creada en 1993 se convierte en la posibilidad “más grande” para que las ví­ctimas de la guerra civil tengan acceso a la justicia y una reparación integral.

“La sentencia es relevante para la vida nacional, a nivel simbólico es el triunfo de las victimas sobre los victimarios. Es un acto de justicia merecida después de más  25 años de que pasó la guerra”, dijo en una entrevista matutina Jeannette Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Señaló que la declaratoria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es trascendental en el marco de la justicia transicional y abre la posibilidad del acceso a la justicia y a la reparación de miles de ví­ctimas del conflicto armado.

La experta dijo que la sentencia de la Sala está dirigida para frenar el amparo bajo la Ley de Amnistí­a para aquellos responsables de delitos de lesa humanidad y de crí­menes de guerra.  La CSJ señala en su resolución que los hechos narrados en el Informe de la Comisión de la Verdad no serán beneficiados con la amnistí­a.  

El Informe narra, según Aguilar, 32 hechos emblemáticos de la guerra salvadoreña, la mayorí­a atribuidos a las fuerza armadas salvadoreñas.

Aguilar mencionó que pese a que de alguna manera muchos hablan de que en El Salvador se ha consolidado un sistema democrático, pero no es posible si se les ha negado la justicia a las victimas durante décadas.

La directora del IUDOP ha señalado que después de la resolución se requiere  de una institucionalidad firme, de una Fiscalí­a General de la Republica “fuerte, comprometida e independiente”, debido a que en los casos que podrí­an ser investigados están vinculados a altos mandos militares y también de la guerrilla, de estos últimos muchos ostentan cargos públicos, incluyendo al presidente Salvador Sánchez Cerén.

Por su parte Benjamí­n Cuéllar, defensor de los derechos humanos, ha expresado que la resolución de la Sala es una victoria para las ví­ctimas porque “les empiezan a dar su lugar en la historia, ellas son las protagonistas del dolor y merecen justicia”, mencionó.

Cuéllar señaló que este es el primer paso para que El Salvador empiece a “ser mejor y que sus problemas se solucionen”. Afirmó, al  igual de Aguilar,  que es necesario que la institucionalidad en El Salvador funcione para que la justicia esté al alcance de toda la población, en especial a aquellas que se les ha negado durante décadas.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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