La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad consideró que no procede una propuesta del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, de reformar el artículo 12 de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) y el artículo 3 de la Ley Especial de los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, que busca fijar dichos impuestos a dos únicos destinos: Seguridad y Defensa.
Los diputados acordaron enviar una nota a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, a donde serían trasladados ambos expedientes, y al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, exponiendo que lo solicitado contradice lo dispuesto en la normativa vigente.
Según la moción, se propone que un 62% de esos fondos de destinen al Ramo de Justicia y Seguridad Pública; y un 38% al Ramo de la Defensa Nacional, en cada ejercicio fiscal. La solicitud ingresó a la Asamblea Legislativa el pasado 4 de octubre.
La primera normativa, aprobada el 29 de octubre de 2015, es un impuesto equivalente al 5% a los servicios de telecomunicaciones y a los accesorios que adquieren los ciudadanos para usarlos. La propuesta de enmienda mantiene la disposición que obliga a Hacienda a crear una estructura presupuestaria que identifique la asignación de los recursos y el destino correspondiente “al pago de la bonificación”, sobre los bonos dirigidos al personal ejecutivo, administrativo y técnico de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.
Se propone que la vigencia de la propuesta de modificación de ese cuerpo de ley inicie a partir del 1 de enero de 2020; no obstante, ambos impuestos fueron aprobados con una vigencia de cinco años y concluirían en noviembre del próximo año; se comenzó a aplicar en las facturas telefónicas de noviembre de 2015.
“En este caso, yo les sugiero lo siguiente: lo primero antes de seguir conociendo el fondo, mandarle a Hacienda a decir que esto contradice la ley, ¿por qué? Si aquí se le da el 62 por ciento y el 38 por ciento y se deja por fuera lo que dice el artículo anterior que el que lo va a ejecutar es la Fiscalía, y también, además, de seguridad pública y defensa y las municipalidades, contradice la ley, desde ya esta reforma está mal; digamos a Hacienda que esto no procede porque contradice la ley”, expuso el diputado Antonio Almendáriz del (PCN) y presidente de la comisión.
Esperan dictaminar para emitir ley del registro de organizaciones terroristas
En otro tema, la comisión de seguridad reanudó el estudio y espera emitir un dictamen favorable a fin de aprobar el proyecto de Ley Especial del Registro Nacional de Agrupaciones Ilícitas y Organizaciones Terroristas, sus Miembros y Colaboradores, en próximas jornadas de trabajo.
Esta iniciativa tiene como propósito identificar y clasificar a los delincuentes a través de informes de inteligencia, antecedentes penales y policiales, además de configurar el elemento esencial para desarticular las estructuras criminales y posibilitar el desmontaje de las pandillas; de esta manera se daría al Estado una herramienta administrativa para combatir de manera integral el principal problema de seguridad del país.
Por último, la instancia parlamentaria acordó agendar para el próximo martes 12 de noviembre una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, para abordar temas de importancia para ambas instituciones de Estado. A solicitud del funcionario, el encuentro tendrá lugar en las instalaciones de esa cartera estatal.
