IDHUCA recomienda al Congreso no precipitarse en la aprobación del préstamo de $109 mill.

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Para el instituto, los parlamentarios no deben caer en el juego de las presiones externas, para poder aprobar el empréstito de forma precipitada.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) entregó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, donde solicita a los miembros de la Comisión de Hacienda que hagan un análisis detallado del préstamo de $109 millones que entregó el  BCIE, para financiar la fase III del Plan Control Territorial.

Para el instituto, los parlamentarios no deben caer en el juego de las presiones externas, para poder aprobar el empréstito de forma precipitada.

Los académicos se refieren a los hechos registrados el 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele, convocó a sesión extraordinaria a los diputados para debatir la aprobación de los fondos, esto haciendo uso del artículo 167 de la Constitución que establece que el Consejo de Ministros puede llamar a los parlamentarios a una reunión para aprobar un tema determinado.

Sin embargo, la cita solo fue acatada por 23 diputados, mientras el resto prefirió no asistir debido a que previamente habían acordado en plenaria que no era necesario obedecer al Consejo de Ministros, debido a que no había existencia de “calamidad pública” para hacer uso de ese artículo de la Carta Magna.

Los que si llegaron se toparon con la sorpresa de que el Parlamento se encontraba militarizado y en las afuera se encontraba una concentración de personas que habían sido agitadas en redes sociales, para que hicieran uso del artículo 87 de la Constitución para que se insurreccionaran en contra del Legislativo.

Concluidas las acciones en esa ocasión, la comunidad nacional e internacional se mostró indignada, debido a que consideraron que estos hechos son señales de regresar al pasado.

Por lo tanto, el IDHUCA señaló que: “Antes de autorizar, es necesario que se discuta parlamentariamente sobre los mecanismos normativos que habrán de crearse o reformarse, con el fin de que no vuelva a ocurrir lo acontecido el domingo 9 de febrero del presente año”.

De igual manera, el instituto solicitó que se legisle de manera adecuada la tecnología que será entregada a las fuerzas de seguridad, para “evitar vulneraciones a la privacidad, intimidad, libertad de expresión".

Posición que respalda a las declaraciones del diputado Rodolfo Parker, quien señaló que el equipo tecnológico solicitado por el Ejecutivo podría servir para espiar y neutralizar a la oposición, por lo que también manifestó su preocupación en ese sentido.

Además, pidió aclarar los posibles conflictos de interés que puedan existir a raíz de “relaciones del Órgano Ejecutivo con algunas empresas o empresarios que venden insumos de seguridad”, y cualquier hecho que pueda relacionarse con la corrupción.

Gobierno señala que todo está en marco de la ley

Por su parte, el presidente Bukele sostuvo que han planteado la propuesta a detalle, por lo que ha considerado que es innecesario el retraso de la aprobación.

Además mostró su rechazo a la interpelación de sus funcionarios de seguridad, por la indignación que generó la militarización del Congreso Salvadoreño.

"Es increíble que quieren hacer una interpelación, un juicio político contra los funcionarios de seguridad pública, pese a que el Plan Control Territorial está dando excelentes e históricos resultados, es inconcebible lo que quieren hacer", reprochó.

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Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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