El International Crisis Group (ICG) una reconocida organización internacional por su labor en la pacificación y prevención de conflictos dedicó recientemente un informe sobre la violencia pandilleril que atraviesa El Salvador a la cual califica de “excepcionalmente intensa y persistente”, y en él propone para resolver el problema, considerar a futuro la tolerancia al diálogo con estos grupos al margen de la ley.
“Si bien los principales partidos políticos y la opinión pública del país se oponen a cualquier insinuación de negociación con las pandillas, la realidad en muchas áreas pobres es un encuentro diario inevitable con estos grupos. La tolerancia hacia estas iniciativas de base, pese a las restricciones legales a cualquier tipo de contacto con las pandillas, es fundamental para desarrollar la confianza necesaria para un futuro proceso de pacificación que pasará por el diálogo”, recomienda la ICG.
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El informe, el primero de Crisis Group sobre El Salvador, analiza los orígenes de la violencia en el país y las estrategias de seguridad de los últimos 15 años para combatir la creciente amenaza criminal. Identifica además las principales causas del fracaso de las políticas de seguridad en El Salvador y señala posibles oportunidades para encarar una reducción integral y sostenible de las muertes violentas en el país.
Fuente: Policía Nacional Civil de El Salvador, PNUD y el Banco Mundial.
Subrayan que el bipartidismo ARENA-FMLN enquistado en la política social, no ha sabido resolver el problema de la violencia tras la firma de los Acuerdos de Paz, y que lejos de esto, se han alternado similares políticas manoduristas que solo persiguen réditos electorales.
“Los antiguos enemigos de guerra han pujado por la supremacía democrática en los últimos años, usando repetidamente la política de seguridad con fines electorales buscando satisfacer la demanda pública de mano dura contra las pandillas. Si bien el gobierno ha cambiado de manos, las mismas estrategias de seguridad han persistido”, expresa el informe.
En la investigación de 51 páginas, describen el hacinamiento carcelario, las políticas de represión y las débiles políticas de prevención del Plan “El Salvador Seguro”, así como el endurecimiento de las penas carcelarias agudizadas desde el segundo gobierno del FMLN.
“A pesar de sus claras diferencias ideológicas, los enfoques de los principales partidos en la seguridad son sorprendentemente similares. Entre 1999 y 2009, ARENA basó su estrategia contra el crimen en agilizar los procesos judiciales, el aumento de las detenciones y el encarcelamiento masivo. El FMLN continuó este enfoque punitivo ““especialmente a partir del comienzo de su segundo mandato en 2014″“ con condiciones de detención aún más duras para los pandilleros encarcelados y un mayor rol de los militares en la seguridad pública.”, expresa.
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Concluye haciendo algunas recomendaciones. En primer lugar recomienda al Gobierno, entre otras cosas, aprobar un marco legal para la rehabilitación, con especial énfasis en la reinserción a la sociedad de los expandilleros en colaboración con ONG locales y la iglesia.
Asimismo, reconocer la existencia del desplazamiento forzado en El Salvador, adoptar el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), y trabajar en coordinación con ONGs locales para implementar mecanismos de protección para las víctimas.
Además, exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar la distribución de recursos en el poder judicial para garantizar que estén basados en la intensidad de la actividad delictiva en vez que en criterios administrativos; y estabilizar el financiamiento de la Fiscalía otorgándole un porcentaje fijo del presupuesto estatal anual, y encargarle la labor de monitorear las denuncias de desapariciones forzadas.
Para el informe según ICG, se llevó a cabo más de 70 entrevistas con funcionarios gubernamentales de alto nivel, oenegés locales, académicos, trabajadores humanitarios, diplomáticos, expertos en seguridad y víctimas que viven en áreas controladas por pandillas. El trabajo de campo se realizó en las áreas más violentas del país e incluyeron la capital San Salvador y los municipios de San Miguel y Santa Ana.
Lea AQUí el informe completo de ICG
