Honduras, es el lugar más peligroso del mundo en el que defender los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. Con ocho millones de habitantes, registra la mayor cifra per cápita del mundo de asesinatos de activistas.
El informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”, revela que desde el golpe de Estado de 2009, al menos 123 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados. Además este no es el único instrumento que se usa para silenciar a quienes adoptan una actitud firme; activistas más y sus familias enfrentan amenazas e intimidaciones constantes, ataques físicos y cargos falsos, así como a daños a su tierra y sus propiedades.
Investigaciones de Global Witness, dejan en evidencia que algunas industrias respaldadas por élites políticas y empresariales han incumplido leyes, han sobornado a funcionarios y han pasado por alto las exigencias de los pueblos de ser consultados sobre los proyectos que afectan a su tierra.
Se sospecha que estas industrias han encargado a guardas de seguridad privados, la policía, el ejército y sicarios que ataquen con la intención de silenciar a quienes alcen la voz.
Lea más: Berta Cáceres asesinada por la máquina productiva capitalista
Sin embargo, las investigaciones dejan al descubierto un país cuyo sector de los recursos naturales está dividido por la corrupción y los delitos y donde los derechos humanos, especialmente los de su población indígena, han sido sacrificados en nombre del desarrollo.
El documento destaca que la corrupción generalizada, la promoción de los intereses comerciales y empresariales antes que los derechos humanos, la impunidad de los atacantes y la estigmatización y criminalización de los activistas se combinan para crear un cóctel letal para cualquier persona que intente defender su tierra o el medio ambiente en Honduras.
Aunque el Gobierno hondureño ha adquirido numerosos compromisos internacionales de garantizar la seguridad de los activistas de derechos humano, en lo que respecta a medidas concretas, el Estado ha sido lamentablemente ineficaz o incluso deliberadamente negligente.
Los ataques a los activistas hondureños se perpetúan por una red de corrupción e impunidad y la falta de protección estatal los facilita, pese a esto, Global Witness asegura que las causas del conflicto yacen en el incumplimiento constante de una consulta adecuada a las comunidades locales sobre el uso de su tierra para iniciativas empresariales.
Lo más lamentable es que “en ocasiones contadas, se detiene al atacante, pero casi nunca se castiga a quienes encargan los asesinatos: la impunidad es la norma”, indica el estudio.
Finalmente, el documento remarca que las instituciones estatales hondureñas tienen la obligación de consultar a las comunidades, proteger a los activistas e investigar los delitos contra ellos.
“En unas cuantas ocasiones, así lo han hecho pero, en la mayoría de los casos, el Estado cierra los ojos ante los asesinatos y los abusos de derechos humanos. En el peor de los casos, colabora e instiga activamente estos actos”, indica el informe.
