Por Rubén Aguilar Valenzuela
Para la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro (62), que apenas semanas atrás asumió el cargo, el encarcelamiento del presidente Juan Orlando Hernández (53), que le antecedió, es una gran noticia para su gobierno.
Este lunes las autoridades de Estados Unidos, a través de su embajada en Tegucigalpa, solicitó al nuevo Ejecutivo, el arresto y la extradición de Hernández acusado de supuestos delitos relacionados con el narcotráfico.
Esa misma noche la policía rodeó la zona donde vive Hernández, que fue arrestado el martes por la policía al salir de su casa en la capital del país.
Antes de entregarse difundió un audio, en sus redes sociales, donde decía que colaboraría con la Justicia, para hacer frente a las acusaciones.
En las escenas difundidas por la televisión se ve cuando los agentes le ponen un chaleco antibalas y lo esposan de pies y manos, para trasladarlo a la policía y después ser presentado a un juez.
Hernández asumió la presidencia de Honduras en 2014, por un periodo de cuatro años, que terminaba en 2018. Sobornó a jueces de la Corte Suprema de Justicia de su país, para que hicieran una interpretación de la Constitución que le permitiera la reelección.
En Tegucigalpa, entonces, Jorge G Castañeda y yo hablamos con el presidente de la Corte Suprema que se oponía a la maniobra que iban a realizar los jueces de la Sala de lo Constitucional. Hernández logró lo que quería.
Gente muy allegada a él, con la que en ese tiempo yo tenía relación, nos dijo que el modelo a seguir era el de Daniel Ortega en Nicaragua. La argumentación jurídica que utilizó Hernández se la copió al nicaragüense, que sigue en el poder.
En 2017 se presentó una vez más a la elección, para gobernar el periodo de 2018 a 2022. Gana con escaso margen. Hubo protestas y manifestaciones. En esa ocasión murieron por lo menos 37 personas a manos de las fuerzas del orden público.
Hernández y los suyos, con muy pocas y honrosas excepciones, me tocó conocerlas, sentían que todo lo podían hacer. El país era suyo. No había límites. Desde el Poder Ejecutivo manejaban al Poder Legislativo y el Poder Judicial.
En 2014, al solo llegar al gobierno estableció una relación estrecha con los altos mandos del Ejército que mantuvo los ocho años de su gestión. Al final entendió que ya no podía reelegirse una vez más. El costo de intentarlo era enorme y no estaba garantizada la victoria.
Los fiscales de Nueva York, que en 2019 llevaron el juicio de un hermano del presidente acusado de hacer negocio con narcotraficantes, en diversas ocasiones implicaron a Hernández. Ahora su hermano está en una cárcel estadounidense.
Estoy seguro del abuso y la desmesura en el ejercicio del poder por parte del presidente Hernández. Se sentía superior y mejor que los demás.
Al tiempo que las autoridades hondureñas iniciaron el proceso judicial corre la solicitud de extradición, para también ser juzgado en Estados Unidos, donde tiene fincadas acusaciones.
En julio pasado, como lo dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, Hernández fue incluido en un listado de personas señaladas de corrupción y de haber socavado la democracia en Centroamérica.
No sé si Hernández irá a prisión, pero lo que ya es una realidad es el entusiasmo de amplios sectores de la sociedad hondureña que han salido a las calles a celebrar la detención. Ellas están seguras de que el presidente es un delincuente.
Estos días recibo llamadas desde Honduras, para contarme lo que sucede. Celebran la detención del presidente. Se reconcilian con su país. Recuerdan que la desmesura del poder siempre tiene tiempo y límite. Hernández cavó su tumba.