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sábado, 31 de julio del 2021

¿Hasta cuándo?

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El pasado 14 de enero el Ministerio de Educación dio a conocer los resultados de la asignación de plazas docentes en el sector público. Para los que no están al tanto de la importancia de este evento les resumo que en este proceso, que realiza el Tribunal Calificador (una instancia adscrita al MINED), se designa a los profesores de las escuelas públicas, este nombramiento es de carácter permanente y ofrece salarios mucho más altos que los ofrecidos en los colegios privados. Estas dos condiciones, estabilidad laboral y mejores salarios, hacen que obtener una plaza en el sector público sean muy peleadas y en los últimos años obtener este nombramiento se ha complicado al punto que en promedio muchos tienen que espera hasta diez, quince o veinte años después de graduarse de la universidad para lograr este objetivo. La situación es crí­tica. El mismo ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura, reconoció su asombro al ver que en el último concurso de plazas docentes hubo más de 70 mil solicitudes para menos de 900 plazas vacantes. No es exagerado decir que en otros concursos hubo hasta 400 solicitudes para una plaza. Terrible noticia. Ahora bien, ¿Cómo llegamos a esta situación? Veamos unos datos.

Según fuentes del propio MINED, de los cerca de 90 mil docentes habilitados para ejercer la docencia en el paí­s hay cerca de 55 mil profesores trabajando tanto en el sector público (45 mil) como en el sector privado (10 mil) y tomando en cuenta que existen muchos profesores que trabajan en ambos sectores, podrí­amos decir que estamos cerca de tener más profesores desempleados que empleados. Existen profesores que nunca han ejercido la docencia y cada año un promedio de 1200 egresados de las universidades se unen a esta fila de desempleados. Estas universidades podrí­an calificarse como auténticas fábricas de desempleo docente.

Éstos números no son de hace cinco o diez años, no, en absoluto. Estos números son el cúmulo de cerca de cuarenta años de abandono en la formación inicial y continua de los profesores. Desde el cierre de la Ciudad Normal Alberto Masferrer en los años ochenta, que llevó la formación de profesores a las recién autorizadas universidades privadas, no existe una polí­tica clara, fuerte, cientí­fica y pedagógica de cómo el Estado pretende formar y contratar a sus profesores. El paso de la formación de los profesores a las universidades privadas, que actuaron sin regulación y sin supervisión del MINED es una de las causas, según distintos investigadores, del alto desempleo docente en El Salvador.

Ahora bien, ¿qué consecuencias conlleva esta situación a la educación salvadoreña? En primer lugar esta situación ha generado un magisterio cada vez más envejecido. Actualmente la edad promedio de los profesores del sector público es de 46 años lo que nos lleva a inferir que estos profesores fueron formados a principios de los años noventa, o sea, la mayorí­a de estos profesores tienen más de veinte años de no estar en una universidad y por lo tanto muchos tendrán problemas en utilizar e integrar el uso de tecnologí­as en sus clases y no solo eso, puede existir un desfase en los enfoques y las metodologí­as de enseñanza. A esto añadimos que el “recambio generacional” que deberí­a generarse al asignar nuevos profesores no es del todo cierto, como ya apunté, muchos tienen que esperar hasta veinte años para poder ejercer la docencia, ¿cómo llega este profesor al aula si tuvo que esperar muchos años para trabajar en el sector público? Además de eso, no dar el paso al recambio generacional se encuentra en que de poco servirá diseñar nuevos y novedosos planes de estudio para los cursos de profesorados si estos profesores jóvenes con sus ganas de hacer cosas nuevas, con mayor capacidad de uso de tecnologí­as, con ganas de atreverse, que tienen una mayor vinculación con los jóvenes estudiantes tendrán que esperar esos años para ponerla en práctica. El daño al aprendizaje de los estudiantes es grande. Por último, esta situación también contribuye a la creciente proletarización de la carrera docente, ya que estos en lugar de dedicar sus energí­as en producir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas metodologí­as y en cursar programas de licenciatura y posgrados dedican sus fuerzas a trabajar dos turnos, luchar por sus derechos laborales y a sobrevivir con salarios menores al salario mí­nimo en las instituciones privadas.

Ahora bien, ¿qué soluciones se pueden proponer? Lo primero es algo urgente y es detener, regular u ordenar el ingreso a las carreras docentes. Entre 2006 y 2015 hubo 50 mil estudiantes inscritos, de éstos 10 mil se graduaron. Esto deja que, sólo en el perí­odo de 2010 a 2015 hubo un déficit entre plazas ofertadas y profesores recién graduados de 585. Sin contar con el déficit anterior. Esta regulación no sólo va por el plano laboral, sino por lo pedagógico. Se debe considerar los cupos que las universidades pueden ofrecer de planes de estudios que no son prioritarios y que ya cuentan con exceso de profesores. Asimismo deberí­a revisarse el modelo de formación docente: actualmente los docentes son habilitados para el ejercicio de la docencia por medio de los profesorados (tres años), serí­a interesante contar con programas de licenciatura en educación con al menos cuatro años de formación. Esto lleva a que el MINED junto a los profesores en ejercicio y la academia diseñe carreras de Licenciatura, especializaciones, maestrí­as y doctorados en educación reconocidos laboral y salarialmente.

Ante la probable creación del Instituto de Formación Docente, el MINED puede ofrecer licenciaturas a carreras históricamente olvidados: arte, música, fí­sica, quí­mica y matemática y otras acorde a las nuevas necesidades: informática, administración escolar, etc. Esto para que los profesores ya graduados en ésas áreas tengan mayores oportunidades de empleo. O sea, tomar esta crisis como una oportunidad de “ordenar la casa”. Otra necesidad impostergable es limpiar y transparentar el Registro Escalafonario. El MINED tiene un registro de los docentes que pueden ejercer la docencia, sin embargo, existe la duda sobre su transparencia. Hacer un nuevo registro escalafonario permitirí­a tener la confianza de: saber exactamente cuántos docentes están en funciones, cuantos jubilados o de baja y cuantos están desempleados. Éste dato puede servir para que el MINED o el CONED “fijen cuotas” a las universidades sobre qué programas pueden ofrecer y cuales no; otro beneficio que trae es “depurar” el sistema, existe la posibilidad que haya muchos profesores sin tí­tulos o con irregularidades, plazas fantasmas etc. Esta revisión puede incomodar a algún sector sindical, serí­a necesario que en esta regulación se ofrezcan alternativas a los que estén en situación irregular para contrarrestar protestas del sector. Asimismo deben cerrar los Cursos de Formación Pedagógica para áreas no técnicas. Otra medida que puede ayudar es que, por medio de una nueva Ley de la Carrera Docente crear efectivamente una carrera docente, o sea, debe estimularse que profesores con altas capacidades de liderazgo y desempeño docente tengan salida pedagógica-administrativa pudiendo optar a asesores y/o supervisores pedagógicos.

Para el caso de la asignación de plazas docentes, el MINED y la Asamblea Legislativa deberí­an revisar las competencias del Tribunal de la Carrera Docente. La asignación de plazas es criticada por los profesores y hay poca confianza, por lo que se podrí­a avanzar en un modelo de asignación de plazas más participativo y el TC pueda pasar a ser un Tribunal de apelaciones en caso no se cumplan los requisitos o haya irregularidades. Existen otros modelos en la región que pueden servir de inspiración en esta polí­tica. Aunado a esto, deberí­an regularse las fechas de inicio y publicación de plazas docentes para la mejora del servicio académico. TC lo hace cuando quiera, esto incide en el desarrollo de la actividad académica. El nuevo modelo debe asegurar que los profesores con nombramiento puedan saber con anticipación a que centro escolar serán asignados antes del inicio del año escolar, beneficiando el desarrollo del currí­culo para los estudiantes y la adaptación del maestro.

Estas ocho propuestas no son nada nuevo, muchos académicos las vienen proponiendo desde hace muchos años y varias de ellas no requieren más que voluntad polí­tica para hacerlo. Esta voluntad polí­tica debe entenderse no como una acción individual del titular del MINED sino un real pacto nacional por la educación en la que los profesores, estudiantes, universidades y partidos polí­ticos se pongan de acuerdo en la toma de esta decisión.

Cierro con esta reflexión. En los últimos años he escuchado afirmar a distintos polí­ticos que: “La calidad del sistema educativo está vinculado a la calidad de sus docentes”, pese a que no me gusta esa frase por ser simplista ya que infravalora las otras variables que inciden en el hecho educativo y que supervalora el rol del profesor en el aula, esconde entre lí­neas el papel prioritario que se otorga al trabajo del profesor, esto me lleva a cuestionar: ¿es realmente el profesor salvadoreño valorado de esa forma?, ¿el Estado salvadoreño ve al profesor como un agente prioritario? Yo creo que no, como Estado se les ha fallado a los profesores. Por lo que, ante la abundante evidencia de este grave problema que trae consecuencias terribles en tanto para el desempeño docente y como para la educación, la pregunta obligada al Ministerio de Educación y a la Asamblea Legislativa: ¿Hasta cuándo?

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Jeser Candray
Colaborador
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