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sábado, 31 de julio del 2021

Hacia una polí­tica fiscal que garantice derechos e igualdad

En El Salvador la población de más altos ingresos solo pagan una tasa efectiva del impuesto sobre la renta personal del 7.18% cuando la tasa nominal legal es 30%

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Una de las caracterí­sticas más importantes de los sistemas tributarios en los paí­ses de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es que tienen el potencial de reducir la desigualdad de ingresos casi seis veces más de lo que lo hacen los paí­ses de Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto debido, entre otros factores, a que se recauda poco, es decir, muy por debajo de su potencial. Además, se recauda mal, con un sesgo regresivo que implica que el peso de la tributación recae en el trabajo y el consumo. Mientras que la evasión y la elusión fiscal junto con los incentivos fiscales improductivos están minando el potencial recaudatorio de los Estados para hacer frente a los desafí­os del desarrollo.

El Salvador no es la excepción. Con casi un 60% de sus ingresos tributarios provenientes de los impuestos indirectos, siendo el más relevante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), posee un sistema tributario regresivo. Es decir, que quienes tienen menos ingresos contribuyen proporcionalmente más al financiamiento del Estado, que aquellos contribuyentes de mayores ingresos.

Tal parece que en nuestro paí­s se olvidaron de gravar la riqueza. En El Salvador la población de más altos ingresos solo pagan una tasa efectiva del impuesto sobre la renta personal del 7.18% cuando la tasa nominal legal es 30%. Esto debido a las exenciones, exoneraciones y deducciones que terminan convirtiéndose en privilegios fiscales. Sumado a esto, la evasión fiscal del impuesto sobre la renta, tanto de personas naturales como jurí­dicas, así­ como del IVA, contribuyen a que nuestro sistema tributario esté lejos de reducir desigualdades. Pero, ¿por qué sucede esto?

En parte, porque existen élites económicas y polí­ticas que han logrado moldear los sistemas fiscales para mantener “privilegios”. No solo tienen poder para influir en el proceso de toma de decisión de una polí­tica pública, sino también influyen en los discursos, en las narrativas y los medios que favorecen o no tal decisión. Algo que una ciudadana común no podrí­a hacer por si sola. Así­ es como en situaciones de “crisis fiscal” es usual que se priorice aquellas medidas de ajuste fiscal que finalmente termina pagando la población.

Desde Oxfam, hemos señalado que la polí­tica fiscal es un instrumento poderoso para reducir desigualdades y debe perseguir al menos dos grandes objetivos: por un lado, garantizar progresividad: es decir, que quienes ganan más deben contribuir más a la financiación del Estado, sobre la base de un principio de justicia e igualdad. Por otro lado, reciprocidad, es decir, que los ingresos recaudados por el Estado deben destinarse a las áreas del gasto público que más impacto tienen en reducir las brechas de desigualdad y equilibrar las oportunidades para todas y todos. La inversión en educación, salud, protección social, derechos de las mujeres, resiliencia, agua y saneamiento básico, son determinantes para alcanzar un desarrollo sustentable e inclusivo.

La polí­tica fiscal es fundamental para garantizar derechos y lograr mayores niveles de igualdad. Lo anterior solo será posible si existe una ciudadaní­a organizada que alza su voz y es contralora del origen, monto y destino de los recursos públicos. Cambiar la orientación del gasto público o la forma en cómo se recaudan los impuestos, exigir mayores niveles de transparencia y participación en una mesa fiscal, deberí­a ser una exigencia de toda la población. La participación de los actores polí­ticos es importante para dar viabilidad al proceso, pero no son los únicos. La academia, las organizaciones y movimientos sociales y populares, las organizaciones y colectivos de jóvenes y mujeres, la comunidad LGBTI, los movimientos agrarios, campesinos e indí­genas son indispensables.

Con el objetivo de facilitar la comprensión y participación de la ciudadaní­a en el debate alrededor de la polí­tica fiscal, Oxfam junto a LATINDADD (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) y el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) lanzaron la primera plataforma digital de libre acceso sobre polí­tica fiscal, desigualdad y derechos en América Latina y el Caribe, dataIGUALDAD, que contiene más de 70 indicadores para 18 paí­ses de la región. El propósito de esta Plataforma es facilitar la compresión sobre cómo la gestión de los recursos públicos afecta los derechos de las personas, partiendo del análisis de datos oficiales sobre ingresos tributarios, gasto público, garantí­a de derechos como salud o educación y datos de percepción sobre democracia, corrupción, transparencia y participación ciudadana.

Animamos a investigadores(as), periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes universitarios(as), lí­deres sociales y del movimiento popular, organizaciones de mujeres y ciudadaní­a interesada en este tema a utilizar dataIGUALDAD. El sujeto polí­tico más importante en el debate de la fiscalidad en un paí­s debemos ser las y los ciudadanos. Es hora de cambiar las reglas y alzar la voz por una fiscalidad que garantice nuestros derechos humanos.  

Accede a la Plataforma:

http://www.dataigualdad.org/que-sucede-en-latam

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Ana Iris Martínez Dí­az
Analista económica
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