Una de las características más importantes de los sistemas tributarios en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es que tienen el potencial de reducir la desigualdad de ingresos casi seis veces más de lo que lo hacen los países de Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto debido, entre otros factores, a que se recauda poco, es decir, muy por debajo de su potencial. Además, se recauda mal, con un sesgo regresivo que implica que el peso de la tributación recae en el trabajo y el consumo. Mientras que la evasión y la elusión fiscal junto con los incentivos fiscales improductivos están minando el potencial recaudatorio de los Estados para hacer frente a los desafíos del desarrollo.
El Salvador no es la excepción. Con casi un 60% de sus ingresos tributarios provenientes de los impuestos indirectos, siendo el más relevante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), posee un sistema tributario regresivo. Es decir, que quienes tienen menos ingresos contribuyen proporcionalmente más al financiamiento del Estado, que aquellos contribuyentes de mayores ingresos.
Tal parece que en nuestro país se olvidaron de gravar la riqueza. En El Salvador la población de más altos ingresos solo pagan una tasa efectiva del impuesto sobre la renta personal del 7.18% cuando la tasa nominal legal es 30%. Esto debido a las exenciones, exoneraciones y deducciones que terminan convirtiéndose en privilegios fiscales. Sumado a esto, la evasión fiscal del impuesto sobre la renta, tanto de personas naturales como jurídicas, así como del IVA, contribuyen a que nuestro sistema tributario esté lejos de reducir desigualdades. Pero, ¿por qué sucede esto?
En parte, porque existen élites económicas y políticas que han logrado moldear los sistemas fiscales para mantener “privilegios”. No solo tienen poder para influir en el proceso de toma de decisión de una política pública, sino también influyen en los discursos, en las narrativas y los medios que favorecen o no tal decisión. Algo que una ciudadana común no podría hacer por si sola. Así es como en situaciones de “crisis fiscal” es usual que se priorice aquellas medidas de ajuste fiscal que finalmente termina pagando la población.
Desde Oxfam, hemos señalado que la política fiscal es un instrumento poderoso para reducir desigualdades y debe perseguir al menos dos grandes objetivos: por un lado, garantizar progresividad: es decir, que quienes ganan más deben contribuir más a la financiación del Estado, sobre la base de un principio de justicia e igualdad. Por otro lado, reciprocidad, es decir, que los ingresos recaudados por el Estado deben destinarse a las áreas del gasto público que más impacto tienen en reducir las brechas de desigualdad y equilibrar las oportunidades para todas y todos. La inversión en educación, salud, protección social, derechos de las mujeres, resiliencia, agua y saneamiento básico, son determinantes para alcanzar un desarrollo sustentable e inclusivo.
La política fiscal es fundamental para garantizar derechos y lograr mayores niveles de igualdad. Lo anterior solo será posible si existe una ciudadanía organizada que alza su voz y es contralora del origen, monto y destino de los recursos públicos. Cambiar la orientación del gasto público o la forma en cómo se recaudan los impuestos, exigir mayores niveles de transparencia y participación en una mesa fiscal, debería ser una exigencia de toda la población. La participación de los actores políticos es importante para dar viabilidad al proceso, pero no son los únicos. La academia, las organizaciones y movimientos sociales y populares, las organizaciones y colectivos de jóvenes y mujeres, la comunidad LGBTI, los movimientos agrarios, campesinos e indígenas son indispensables.
Con el objetivo de facilitar la comprensión y participación de la ciudadanía en el debate alrededor de la política fiscal, Oxfam junto a LATINDADD (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) y el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) lanzaron la primera plataforma digital de libre acceso sobre política fiscal, desigualdad y derechos en América Latina y el Caribe, dataIGUALDAD, que contiene más de 70 indicadores para 18 países de la región. El propósito de esta Plataforma es facilitar la compresión sobre cómo la gestión de los recursos públicos afecta los derechos de las personas, partiendo del análisis de datos oficiales sobre ingresos tributarios, gasto público, garantía de derechos como salud o educación y datos de percepción sobre democracia, corrupción, transparencia y participación ciudadana.
Animamos a investigadores(as), periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes universitarios(as), líderes sociales y del movimiento popular, organizaciones de mujeres y ciudadanía interesada en este tema a utilizar dataIGUALDAD. El sujeto político más importante en el debate de la fiscalidad en un país debemos ser las y los ciudadanos. Es hora de cambiar las reglas y alzar la voz por una fiscalidad que garantice nuestros derechos humanos.
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