Por Alonso Rosales, Observador Internacional
Gustavo Petro cumplió su palabra. El 6 de agosto terminó su mandato y este 7 de agosto Colombia amaneció con un nuevo presidente. No hubo cierre del Congreso, no hubo apropiación de la Casa de Nariño, no hubo ruptura institucional ni permanencia de Petro en el poder por encima del mandato constitucional. Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia para el periodo 2026-2030, después de imponerse en una segunda vuelta extremadamente estrecha frente a Iván Cepeda. El resultado oficial registró 12.960.166 votos para De la Espriella y 12.708.312 para Cepeda: apenas 251.854 votos de diferencia.
Este dato debería servir para desmontar una de las grandes narrativas de miedo que acompañaron la llegada de Petro al poder y, posteriormente, el proceso electoral de 2026: la idea de que un gobierno de izquierda necesariamente terminaría destruyendo la democracia colombiana. Petro gobernó durante cuatro años, tuvo enormes conflictos con sectores empresariales, políticos y mediáticos, enfrentó una oposición feroz y terminó entregando el poder conforme a la Constitución.
El propio Petro había declarado en julio que entregaría el mandato el 7 de agosto y que obedecería el mandato popular. Y así ocurrió.
La derecha colombiana puede cuestionar su gestión, criticar sus reformas, señalar sus errores o reclamar responsabilidades políticas. Eso forma parte de la democracia. Pero una cosa es ejercer la oposición y otra muy diferente es construir durante años el fantasma de que la izquierda no entregaría el poder.
Ahora corresponde preguntarse qué ocurrirá con las conquistas sociales alcanzadas durante estos cuatro años.
Petro recibió en 2022 un salario mínimo de un millón de pesos, establecido para ese año por el Gobierno de Iván Duque. Para 2026, el salario mínimo legal quedó fijado en 1.750.905 pesos, después de un incremento del 23 %. Es decir, el aumento nominal durante el periodo fue sustancial, aunque también debe analizarse frente a inflación, costo de vida y productividad.
A ello se sumó la política de protección para adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse. El denominado Pilar Solidario contempló para 2026 una transferencia mensual de 230.000 pesos y una cobertura proyectada de 3,1 millones de personas mayores en condiciones de vulnerabilidad.
Esos programas no son simples cifras presupuestarias. Para millones de colombianos representan ingresos, alimentación y una mínima garantía de dignidad durante la vejez. Por eso resulta lógico que exista preocupación entre sectores populares ante la posibilidad de que el nuevo gobierno modifique, reduzca o reoriente algunas de estas políticas.
Y ahí aparece la verdadera prueba para la nueva administración.
Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia con un mandato electoral legítimo, pero con una Colombia prácticamente partida en dos. Su victoria fue estrecha y el Pacto Histórico conserva una enorme capacidad de movilización política. Para este 7 de agosto fueron convocadas manifestaciones del sector opositor, mientras Iván Cepeda asumió el liderazgo de una resistencia política que sus dirigentes han presentado como pacífica.
Eso es democracia. La protesta pacífica no debe ser considerada una amenaza. Debe ser una expresión legítima de una sociedad que quiere defender aquello que considera sus conquistas.
La juventud colombiana, además, representa un capítulo especial. Muchos jóvenes que apoyaron al Pacto Histórico expresan decepción, frustración y temor ante el nuevo rumbo político. No todos piensan igual, naturalmente, pero sería un error político despreciar ese sentimiento.
De la Espriella tiene ahora la obligación de gobernar para quienes votaron por él y también para quienes no lo hicieron.
Su cercanía política con Donald Trump será otro elemento fundamental de su administración. Reuters ha señalado que el nuevo mandatario colombiano llega con una posición claramente alineada con Washington y con Trump, además de propuestas de endurecimiento de la seguridad, reducción del tamaño del Estado y recuperación del sector de hidrocarburos.
Pero Colombia no puede convertirse simplemente en una extensión de la política exterior estadounidense. Un gobierno responsable debe relacionarse con Washington desde sus propios intereses nacionales.
Donald Trump, como cualquier presidente, actúa fundamentalmente de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Colombia también debe actuar de acuerdo con los intereses de Colombia. La cooperación puede ser beneficiosa; la subordinación, en cambio, es otra cosa.
El nuevo gobierno tendrá además que demostrar que puede gobernar un país dividido sin convertir al adversario político en enemigo. La historia latinoamericana enseña que cuando la política se transforma en una guerra permanente entre buenos y malos, la democracia comienza a deteriorarse.
Por eso también merece reconocerse el hecho fundamental de este día: Gustavo Petro llegó al poder por las urnas y salió del poder por las urnas.
Eso es mucho más importante que cualquier discurso de miedo.
Colombia demostró que una izquierda puede llegar a la Casa de Nariño, gobernar, equivocarse, acertar, enfrentar oposición y finalmente entregar el gobierno.
Brasil y Colombia representan, con sus diferencias y particularidades, experiencias de gobiernos progresistas que han llegado mediante elecciones competitivas y han funcionado dentro de sistemas democráticos. No son modelos idénticos, y sería un error compararlos mecánicamente con Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Ahora comienza otra etapa.
La izquierda colombiana tendrá que hacer oposición. La derecha tendrá que gobernar. Y la ciudadanía tendrá que vigilar a unos y a otros.
Si el nuevo gobierno pretende desmontar conquistas sociales, la sociedad tendrá derecho a protestar. Si pretende mejorarlas, tendrá derecho a hacerlo. Pero la discusión debe producirse en las instituciones, en las calles mediante manifestaciones pacíficas y, sobre todo, en las urnas.
Petro deja el poder. De la Espriella lo recibe.
Y la verdadera democracia comienza cuando ningún presidente —ni de izquierda ni de derecha— cree que el Estado le pertenece.
Colombia no pertenece a Petro, ni a De la Espriella, ni al Pacto Histórico, ni a la derecha. Colombia pertenece a los colombianos.
