El presidente del COENA, Gustavo López Davidson, negó rotundamente que tenga intenciones de darle Golpe de Estado al presidente, Nayib Bukele, ante la posibilidad de desaforar al mandatario para que enfrente una demanda por los presuntos delitos de difamación y calumnia, y por lo cual pide una indemnización de 8 millones de dólares.
El político salió al paso, luego que la diputada arenera, Milena Mayorga, y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y medios de internet lo acusaran de intentar de desestabilizar la gestión de Bukele con este proceso.
“Todo salvadoreño tienen derecho y obligaciones, una de ellas es respetar al prójimo y precisamente basado en calumnias y difamaciones ha hablado en contra de mi persona el ciudadano presidente, Nayib Bukele, personalmente tomamos la decisión de ir a las autoridades para que demuestre las acusaciones y eso es un derecho que no podemos callar y por el contrario y se tienen que arreglar las cosas que se deben hacer y que se siga un debido proceso”, expresó.
Agregó, que su finalidad es que se respete el estado de derecho, porque una persona no se puede quedar callada ante ataques que solo buscan a denigrar la imagen.
Bajo esta lógica, indicó que tiene la plena confianza que una institución como la Asamblea Legislativa resolverá la polémica y demostrará o desvirtuará las acusaciones.
«Con 43 votos se le quita el fuero… y los tenemos… más de 43 votos», aseguró López, quien indicó que tiene el respaldo de su bancada legislativa.
La polémica en torno a este caso se produjo luego que López Davidson, denunciara ante la Cámara Segunda de lo Penal del Sector Centro a Bukele.
El proceso legal es en respuesta a los señalamientos que el Jefe del Ejecutivo ha realizado por supuestas irregularidades en una permuta de armas que hizo en 2016 el Gobierno Salvadoreño con la empresa Centrum, que es presidida por López Davidson.
Según las autoridades, este negocio que asciende a $2 millones 50 mil había registrado problemas, debido a que supuestamente Defensa entregó equipo usado pero en buen estado pero Centrum habría entregado armas nuevas que no servían.
Sin embargo, esta presunta irregularidad pasó en el silencio durante seis años, hasta que el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, destapó el caso y giró órdenes al ministro, Francis Merino Monroy, de interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).
Por lo tanto, el ministro presentó el 8 de noviembre a la FGR una denuncia en contra de López Davidson por los delitos de presunto hurto de armas de la institución castrense y por estafa agravada.
“Si bien el contrato se firmó en junio del 2013, las armas fueron recibidas tres años después y cuyo monto supera los dos millones de dólares”, indicó Merino Monroy en esa ocasión, sin dar mayores detalles sobre el tipo de armamento que formaba parte de la unidad de artillería, entre ellos dos obuses.
En este sentido, el funcionario dijo que consideran que hubo cosas anormales en dicho cambio, porque el armamento que se recibieron no funcionaba. Por lo tanto, explicó que el que usan en el Plan Control Territorial tendría buena aplicación, porque es un armamento pequeño.
"Incluso la empresa llegó, pidió una audiencia y se le dio para tratar aspectos relacionados con el caso. (…) Lo que establecía el contrato es que usted entrega algo y recibe algo que funciona, algo que usted espera que funcione", dijo.
Ante este caso, el Gobierno siguió investigando encontrando evidencia de más ilícitos en contra de la Defensa Nacional, los que los motivó a sumar los delitos de delitos de estafa, cohecho, falsedad material, evasión de impuestos y tráfico de armas.
Es por esta razón, que el asesor jurídico de la presidencia se desplazó a la FGR a interponer estos nuevos cargos, para que se sumen a la investigación que hace el Ministerio Público.
Detalló que en estos documentos se hace constar que el proceso de permuta de armamento que el Gobierno anterior realizó con la empresa Centrum "está viciado" desde que se inició en 2013.
