El Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no de repetición, el colombiano Pablo de Greiff, quiere visitar Guatemala para verificar si se respetan los estándares internacionales, que establecen los derechos de la víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, se lee en el discurso de este experto independiente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pronunciado hoy martes en Ginebra.
Los problemas de la llamada “justicia transicional”, no solo afecta casos de países que han salido de dictaduras, como son los de varios Estados latinoamericanos, sino también situaciones más complejas y recientes, por ejemplo en Irlanda del Norte, que vivió la represión de la violencia de origen católica desatada por el IRA, donde el Relator de Greiff acudió en visita, cuyo informe sugiere una serie de recomendaciones, acogidas constructivamente por el Reino Unido.
La propuesta de carácter universal de dar prioridad a los testimonios de las víctimas, cuando se abandonan gobiernos autoritarios, conflictos armados y se han perpetrado crímenes de lesa humanidad, para entonces buscar la paz y la democracia, se apoyan en la “legitimidad” y las “contribuciones específicas” que pueden emanar de las “víctimas en materia de información o conocimientos” de lo sucedido, según el Relator de Greiff.
La participación de las víctimas amplía “la gama de alternativas plausibles a medida que se pongan sobre la mesa más ideas para una reparación efectiva”, le da “un rostro humano” a los procedimientos de pacificación y reconciliación, y significan “un importante recordatorio” susceptibles de nutrir los debates, lo cual “motiva a las partes interesadas para alcanzar un acuerdo que de otro modo podría resultar difícil”, sostiene el Relator.
Las “comisiones de la verdad” suelen ser un mecanismo eficiente. Sin embargo “dependen de la participación de las víctimas, principalmente en los ejercicios de toma de declaraciones”, apunta de Greiff, quien recuerda lo acontecido en Argentina con la CONADEP, que recabó “7.000 declaraciones, 1.500 de supervivientes”; las ideas de “reparaciones” concebidas por las víctimas en Perú, o las “consultas” con las mismas en Colombia “sobre el acuerdo de paz” con las FARC.
La participación de las víctimas en la “justicia penal” ha cobrado un gran impulso con la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI), sin olvidar el antecedente de los tribunales ordinarios en países latinoamericanos, pudiendo las victimas presentar habeas corpus o cuestionar “la decisión del fiscal de no investigar o no presentar un escrito de acusación”, agrega de Greiff, y cita al respecto lo observado en Chile, que “facilitó el posterior enjuiciamiento” de represores.
El representante de la ONU insistió que las víctimas han venido colaborando en “la elaboración de las estrategias de enjuiciamiento”, contribuyendo con sus declaraciones y aporte de pruebas a que los fiscales determinen “los cargos imputables”, para “impulsar las causas e investigar”, evitando “tener que modificar la estrategia o los escritos de acusación en una etapa ulterior”, y hasta “servir para reflejar el carácter pluridimensional de los delitos internacionales”.
Las reparaciones “tienen por objeto indemnizar a las víctimas de manera tangible y directa”, habilitando así a que participen “en la concepción de esos programas”, se trate de “indemnizaciones materiales” o “simbólicas”, tanto para “personas”, “grupos” o “colectivas”, resume de Greiff, pero deplora que “la mayoría de los gobiernos” eluden efectuarlas, por los supuestos costos, o por ausencia de “motivación”, necesitándose “fuertes coaliciones políticas” para concretarlas.
El Relator concluye que las “garantías de no repetición tienen una función preventiva”, y da cuenta de la importancia de la intervención de las víctimas “en los procesos de reforma del sector de seguridad”, y en la creación de organismos del Estado para “combatir las violaciones de los derechos de las minorías, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables”.
