El Gobierno salvadoreño emitió un comunicado este lunes en el que condenan todo acto de corrupción “venga de donde venga” y se comprometió a apoyar a los organismos de justicia para proteger los recursos públicos. La postura gubernamental fue dada a conocer luego que el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenara la detención para la exprimera dama, Vanda Pignato y prisión provisional para 26 de los 31 implicados en el caso “Saqueo Público”, en una trama presuntamente dirigida por el expresidente Mauricio Funes para desviar más de $351 millones de dólares de fondos públicos durante su quinquenio presidencial entre 2009 y 2014.
“Como gobierno, rechazamos cualquier acto de corrupción, venga de donde venga, y apoyaremos todas las acciones necesarias para la defensa de los recursos públicos. No vamos a tolerar a quienes hayan traicionado la confianza del pueblo salvadoreño”, reza el comunicado.
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La FGR presentó el caso el pasado viernes y detalló el modus operandi de una red dirigida por el expresidente Funes y que involucra a 31 personas, entre familiares, amigos y exfuncionarios de su gobierno.
Funes, quien fue el primer presidente de izquierda, actualmente reside en Nicaragua, donde permanece como “asilado político” desde 2016, luego de que denunciara una supuesta persecución en su contra por parte de la Fiscalía General de la República.
“Luego de haber conocido detalladamente el relato de los hechos por parte de la Fiscalía General de la República, consideramos que esta institución tiene el reto de sustentar jurídicamente las acusaciones y presentar las pruebas técnicas pertinentes para demostrar la culpabilidad de los imputados”, puntualizó el Gobierno salvadoreño en su primera toma de postura oficial en el caso desde que fue dado a conocer a la opinión pública a fines de la semana pasada.
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Además, se desligaron de dicho caso y pidieron a la oposición política “no tratar de ganar rédito político del caso”.
“No acusamos ni defendemos a nadie y consideramos que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en un asunto para lograr réditos políticos, sino en un esfuerzo conjunto y responsable para la construcción de una sociedad más justa”, apuntaron.
Según la FGR, Funes habría diseñado una “sofisticada” forma de extraer fondos públicos de la Presidencia de la República durante su gestión entre 2009 y 2014, creando nuevas partidas presupuestarias y utilizando una red de prestanombres por los cuales vía triangulación, desviaron $351 millones de dólares.
El Ministerio Público acusó al exmandatario de crear una partida de “Gatos imprevistos” y desde el inicio de su presidencia solicitaba refuerzos presupuestarios al Ministerio de Hacienda, dirigida por el exministro, Carlos Cáceres, trasladando un monto de $54 millones de dólares. También ha sido dado a conocer que este último también está siendo investigado por este caso.
La lista de exfuncionarios involucrados incluye a: Francisco Cáceres, exsecretario privado de la presidencia; Hugo Barrientos, exministro de Obras Púbicas y expresidente de CEPA; Manuel Castro, expresidente del Banco Hipotecario; David Rivas, exsecretario de comunicaciones de la presidencia; Luis Alfredo Maida, militar del batallón presidencial; Manuel Orellana, director ejecutivo de CAPRES; y Rigoberto Panameño, jefe de contabilidad de CAPRES.
A estos se suma la captura del empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, quien fue detenido la madrugada del pasado miércoles.
Entre los familiares y allegados vinculados al caso se encuentran: Ada Luz Sigí¼enza y Juan Carlos Guzmán, padres de Ada Mitchel Guzmán Sigí¼enza, compañera de vida del exmandatario. También a Regina Cañas (Tía Bubu), excónyuge de Funes; y los hijos del expresidente, Diego Funes y Carlos Mauricio Funes, entre otros.
