El gobierno de Venezuela rechazó las 81 recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar los derechos humanos. En estas se incluía la petición de liberar a presos políticos y entablar un dialogo con la oposición. El documento había sido formulado en el marco del llamado “Examen Periódico Universal” (EPU) que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lleva a cabo y en la que participan todos los Estados una vez cada cuatro años.
Los países examinados en el EPU reciben recomendaciones de los otros Estados. Al final deben pronunciarse si las aceptan o no. La comparecencia de Venezuela fue en noviembre de 2016, pero tenía plazo hasta hoy para responder. Los rechazos incluyen 28 recomendaciones sobre las cuales Venezuela se limitó a un “toma nota”, formula que en la práctica de la ONU es también considerada un rechazo.
Las exhortaciones para liberar personas detenidas por motivos políticos no aceptadas por Venezuela fueron presentadas por Australia, Brasil, Irlanda, Canada, España y Estados Unidos. Reino Unido pidió al gobierno bolivariano concretar “un diálogo constructivo con la Asamblea Nacional, con resultados convenidos en materia de desafíos económicos y de gobernanza para julio de 2017”, pero el gobierno de Nicolás Maduro declinó asumir el compromiso.
Francia abogó por “restaurar lo antes posible las prerrogativas del Parlamento electo”; y Estados Unidos, solicitó “un diálogo entre todos los venezolanos, incluida la oposición, para resolver las divisiones políticas, la crisis económica y la situación humanitaria”. Asmimos, pidieron “respetar el derecho constitucional de los ciudadanos a convocar un referendo revocatorio, permitiendo la reunión de firmas necesarias para ello”, demandas repudiadas por el gobierno Maduro.
Venezuela desestimó los requerimientos de Brasil, Uruguay y Georgia para que reconsidere “su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y el de Perú, para que elimine “la instrucción premilitar en las escuelas”. Liechtenstein sugirió a Maduro la creación de “un mecanismo independiente de supervisión” de los servicios de inteligencia, y España hacer “un uso proporcional de la fuerza durante las protestas”. Todas las peticiones fueron rechazadas.
Venezuela tampoco aceptó la recomendación de Suecia a “asegurar la cooperación con actores internacionales que ayuden a combatir la situación de inseguridad alimentaria y de salud pública”, una inquietud además recogida por Alemania, Canadá e Islandia. Igualmente sucedió con la petición por garantizar la libertad de expresión, en la que coincidieron coincidieron Letonia, España, Canadá y México.
Venezuela, que es uno de los 47 Estados que constituyen este año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tildó al conjunto de recomendaciones rechazadas de “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas, elaboradas sobre bases falsas y contrarias al espíritu de cooperación y respeto que debe prevalecer”, en este tipo de exámenes en Naciones Unidas.
