El Gobierno salvadoreño aconsejó al Estado venezolano retomar el diálogo y el entendimiento “para llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad democrática para todo el pueblo”. Esto tras el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de disolver la Asamblea Nacional por estar en “desacato” por un supuesto fraude electoral.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que apela a ambas partes conflictuadas a buscar una solución no violenta y dialogada al problema político que actualmente enfrenta Venezuela.
“El Salvador es un país que cree firmemente en el poder del diálogo, habiendo superado a través del mismo un conflicto armado interno hace 25 años, y por ello insiste en que esta es la vía que debe privilegiarse para superar cualquier diferencia y lograr soluciones duraderas”, reza el comunicado.
El portal digital Rebelión.org publicó un artículo en el que explican que en las pasadas elecciones de diciembre de 2015 la candidata opositora Victoria Franchi cometió fraude electoral. Según el sitio web, existen grabaciones en los que la entonces secretaria de la gobernación del estado de Amazonas ofrecía sumas de dinero a los votantes para que apoyaran a los candidatos de su partido.
Ante estos hechos el TSJ suspendió el nombramiento de los diputados de dicho estado. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Julio Borges, denunció que dicha decisión era un “golpe de Estado” y pidió al resto del parlamento desconocer la autoridad del Tribunal.
Por su parte, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó a un nuevo Consejo Permanente a fin de que el organismo intervenga en la situación.
“El Salvador exhorta tanto al gobierno como a la oposición venezolana a que retomen el esfuerzo de diálogo”, aconseja el gobierno salvadoreño.
El Salvador se unió a la lista de naciones que han pedido prudencia al gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Perú, por su parte, decidió retirar a su embajador de territorio venezolano argumentando que la sentencia del TSJ es “una ruptura del orden constitucional y democrático”.