El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró este lunes que el Gobierno salvadoreño prepara un protocolo de atención a víctimas de desplazamiento forzado por violencia, con el que el Ejecutivo reconoce oficialmente el fenómeno.
Las declaraciones se dan pese a que, poco antes, el mismo funcionario restó importancia a un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el desplazamiento forzado por la violencia, aduciendo que el Gobierno posee "estudios de caracterización" que "no respaldan las conclusiones" de ese documento.
Las organizaciones sociales como Cristosal y la PDDH han criticado al Ejecutivo en diversas ocasiones por no atender a las víctimas ni reconocer el problema, al grado de restar importancia a diversos informes.
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"El próximo año esperamos abordar esta problemática de una forma diferente, (…) dando un servicio más integral, porque no es un problema únicamente a tratar por parte de instituciones de seguridad", sino que "tiene que ver con el trabajo de diferentes instituciones del Gobierno y la sociedad civil", dijo el funcionario en una entrevista televisiva.
Ramírez sostuvo que se espera terminar este año con el diseño de un "protocolo de actuación" para "prevenir los hechos, detectarlos oportunamente, brindar un servicio de protección integral y finalizar con el retorno" de los desplazados.
En el informe presentado PDDH, y que contó con el apoyo técnico y la Unidad Regional del Desplazamiento Forzado de la fundación Cristosal, revela que durante el período de abril de 2016 a mayo de 2017 se registraron 138 denuncias por amenazas o acoso de familias expuestas al desplazamiento forzado.
La mayor parte de las víctimas culpó a las pandillas de tal hostigamiento (83% de los casos), pero también existen denuncias en contra de la Policía Nacional Civil (PNC) (4% de las denuncias).
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Unas 458 personas entre menores y mayores de edad estarían en peligro, de las cuales 175 habrían abandonado sus hogares por sus propios medios.
A pesar del alto número de casos, la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente reportó 37 denuncias.
Los datos de la PDDH señalan que el motivo por el que las personas prefieren no denunciar es por el temor a represalias y por desconfianza en las instituciones de seguridad.
