El gobierno salvadoreño nuevamente ha mostrado su falta de interés de dialogar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en esta ocasión lo manifestó con su inasistencia a la audiencia de víctimas por el régimen de excepción.
Por lo tanto, las organizaciones presentes lamentaron que el gobierno de Nayib Bukele, no intente buscar solucionar los problemas que su brazo armado ha generado en el régimen.
“Lamentamos grandemente que el Estado salvadoreño no haya querido rendir cuentas sobre la situación de derechos humanos en el país. Las víctimas de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales y tortura. Parece que deberán seguir esperando la respuesta ante estas injusticias”, expuso Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Agregó que a pesar del silencio Estatal, junto a 13 organizaciones nacionales e internacionales han querido externar su preocupación por el impacto en derechos humanos que ha tenido la aplicación de un régimen de excepción en El Salvador, vigente desde el 27 de marzo.
Por su parte, la abogada y defensora de derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Sonia Rubio, expresó su preocupación por el plazo indefinido en el cual se encuentra el régimen, ya que hasta la fecha más de 1 mil casos de violaciones de derechos humanos son los que han sido registrados por las organizaciones sociales.
El gobierno de Bukele ha asegurado, que ha puesto en libertad a más de 400 personas, que habían sido capturadas injustamente por las autoridades.
Otro factor que pone en alerta a las organizaciones, es el aumento de pena para los menores de edad que pueden ser juzgados desde los 12 años y jueces anónimos a cargo de los procesos judiciales. Asimismo, la recompensa económica para denunciar a personas y la omisión de las autoridades del sistema judicial y penitenciarias sobre la muerte de privados de libertad fallecidos.
Zaira Navas, la jefa jurídica en Seguridad de la organización Cristosal, denunció el impacto de las detenciones que recae sobre las mujeres que son las que buscan información de los detenidos, el abuso y acoso sexual que sufren por parte de los elementos captores y custodios dentro de los centros penitenciarios.
Amnistía Internacional pidió a la CIDH mantenerse vigilante de la situación que atraviesa el país con el régimen de excepción y pidió redoblar los esfuerzos.
Además, monitorear la situación de los derechos humanos, que exhorte al Estado la derogación del Estado de Excepción.
