El comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, informó que 65 mil personas del Gobierno y de otras instituciones están destacadas en el territorio para atender a la población afectada por la depresión tropical Eta; y que hay más de mil albergues disponibles a escala nacional para garantizar la seguridad de las familias.
“El gran objetivo es prevenir, adelantarnos y planificar rápido; se han dado buenos resultados y esperamos que continúe de esa forma. La vida humana se vuelve algo primordial y es el enfoque de todo esto”, aseveró Rodríguez.
El plan estratégico elaborado por el Gobierno para atender las afectaciones por Eta tiene como enfoque principal la anticipación y sus grandes objetivos son la mitigación y la prevención, para lo cual también se han destinado 1,600 equipos de remoción de lodo y escombros, entre otras acciones a realizar, explicó la mañana de este viernes en la entrevista Buenos días Sonora 104.5 FM.
Durante los últimos días, personal que integra la Comisión Nacional de Protección Civil ha efectuado evacuaciones preventivas y ubicado a la población afectada en albergues que han sido adecuados para atender a familias, la mayoría de ellos son en centros escolares donde se cuenta con atención integral, que va desde los insumos necesarios, como camas y frazadas, hasta la atención de equipos del Ministerio de Salud (MINSAL).
Cada albergue cuenta además con personal de Bienestar Social y del Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, para la atención de niños y personas de la tercera edad. La Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) garantizan la seguridad de las personas albergadas.
El comisionado Rodríguez, recordó que El Salvador se encuentra entre los cinco países del mundo más vulnerables ante fenómenos naturales, por lo cual el Gobierno ha hecho una investigación sobre las zonas con mayor riesgo.
El estudio tiene como base la información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sobre las zonas vulnerables en el país; como también datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Mundial (BM), sobre la pobreza multidimensional.
“Hemos hecho un cruce de información para ver las comunidades más afectadas, dónde están las viviendas más precarias, si están cerca de río o en zonas de deslizamientos y posteriormente se establece una estructura administrativa para determinar las acciones en cada territorio”, indicó Rodríguez.
Para atender cada municipio, el Gobierno hizo la transferencia de $75 millones a las alcaldías, de los cuales el 75% debe ser destinado a obras, y un 25% para otros gastos. Los fondos han sido distribuidos de acuerdo con la estructura del FODES.
“Se designa según la población, luego hay un tema de equidad, de pobreza y de tamaño del territorio”, esta transferencia se puede equiparar a la suma de dos pagos FODES en un solo mes, indicó el funcionario. “Es para que los alcaldes los usen en obras de mitigación, habilitación de albergues e iluminación”, concluyó.
