El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, descartó hoy convocar elecciones autonómicas y dejó abierta la puerta a una declaración de independencia en la región, reduciendo así las posibilidades de una salida negociada a la grave crisis abierta con el Estado español.
El anuncio culminó una de las jornadas más vertiginosas en la historia política reciente en España marcada por los rumores cruzados sobre la convocatoria de elecciones, los cambios de última hora para la comparecencia de Puigdemont y las negociaciones a contrarreloj mantenidas al parecer entre todas las partes.
"Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre que se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad", anunció Puigdemont en su declaración institucional en medio de una enorme expectativa. Sin embargo, añadió, "no se da ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones".
Puigdemont intentó al parecer lograr durante toda la jornada que el Gobierno de Mariano Rajoy le garantizara que, en caso de elecciones, frenaría la intervención de la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución (y la destitución del propio "Govern") que tiene previsto aprobar mañana el Senado español.
Esas garantías no llegaron, sugirió el líder catalán, que culpó por ello al Partido Popular (PP) de Rajoy. "He intentado tener estas garantías y creo que he actuado de acuerdo a mi responsabilidad (…), pero esto una vez más no ha obtenido una respuesta responsable por parte del PP".
Puigdemont, quien consideró la aplicación del 155 "fuera de la ley, abusiva e injusta", trasladó al Parlamento de Cataluña decidir cómo responder a esa intervención. Como estaba previsto, la Cámara inició hoy un pleno para estudiar esa respuesta, incluida una posible declaración unilateral de independencia que podría votarse mañana.
La decisión de Puigdemont de seguir adelante fue recibida con frialdad en Madrid, donde la "número dos" de Rajoy, Soraya de Sáenz de Santamaría, defendió la obligación de concretar la intervención de la autonomía que propuso el sábado el Consejo de Ministros y que aprobará mañana el Senado en Madrid.
"Cumplimos con una obligación legal porque la primera responsabilidad de un Gobierno es la de respetar y hacer respetar las leyes", dijo Sáenz de Santamaría en la Cámara alta. "Tenemos que rescatar a Cataluña", añadió.
Entre las medidas previstas por el Gobierno en el marco de la intervención -un paso nunca dado en 40 años de democracia- figuran entre otras la destitución de Puigdemont y su Gobierno, la limitación de competencias del "Parlament" y la convocatoria de elecciones en Cataluña.
