La administración presidencial ha asegurado que el atraso en la incorporación al Presupuesto General de la Nación de los préstamos internacionales, está provocando no sólo que el país se prive de ese financiamiento, sino que está generando el pago de intereses diariamente por un dinero que no está siendo utilizado.
El gobierno asegura que son $350 millones los que mantienen guardados en las cuentas del Banco Central de Reserva (BCR) a la espera de ser aprobados, dinero que va destinado para la atención de la pandemia, la compra de medicinas, insumos, equipamiento de hospitales, entre otros compromisos.
También, estos fondos van dirigidos a la reactivación económica y al rescate de las pequeñas empresas afectadas por la emergencia sanitaria.
De los fondos, $300 millones son otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $50 millones por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y aunque las condiciones de pago son bastante flexibles para el país, este dinero no ha sido autorizado para tenerlo guardado, sino para usarlo conforme a los destinos que la misma Asamblea Legislativa ha estipulado.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que “El Salvador, por comisión de compromiso que se devenga por no desembolsar los préstamos del BID presentados a la Asamblea Legislativa –por $ 250 millones y $ 50 millones–, paga $4,100 diarios desde el 20 de septiembre de este año”.
El Gobierno del Presidente Bukele ha insistido en que el bloque de oposición tiene suficiente información sobre estos créditos, pero que ha iniciado una estrategia de desgaste al atrasar su aprobación y discusión, afectando no al Ejecutivo, sino a la población que lo necesita.
Los créditos van dirigidos al programa de sostenibilidad macroeconómica y fiscal, para mitigar los efectos del coronavirus y para financiar parcialmente las medidas económicas compensatorias por la emergencia sanitaria.
Si estos fondos llegaran a las arcas del Estado, el Gobierno tendría los recursos necesarios, por ejemplo, para entregar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), así como para continuar con la modernización del sistema de salud.
El Gobierno rechaza la postura que sigue manteniendo el bloque de oposición, ante la negativa de sentarse con el ministro Zelaya para discutir sobre estos financiamientos en lugar de llamar a funcionarios a comisiones especiales para desacreditar su trabajo.
