El Ejecutivo ha iniciado un ambicioso plan de combate a las pandillas a través de siete etapas que componen el Plan de Control Territorial.
El ministro de Gobernación, Mario Durán, dijo este miércoles que el objetivo es el de cambiar la dinámica de combatir la delincuencia, un tema que ni los gobiernos de ARENA y del FMLN lograron solucionar.
Es por ello que en esta segunda etapa, que requerirá de al menos $91 millones , lo que se pretende es generar oportunidades a las comunidades en donde habitan personas de escasos recursos económicos.
Durán considera que “los salvadoreños debemos estar atentos a lo que los diputados voten a favor de lo que es mejor para el pueblo”, precisó.
En los próximos días se espera que llegue el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para solicitar esos fondos.
El titular de Gobernación aclaró que la fase II se impulsa cuando ya se tiene una parte represiva, pero que a su vez debe de ir acompañada de la “mano amiga del Estado”.
En este esfuerzo, Durán está consciente que se deben de sumar todos los sectores, como las iglesias, comunidades y organizaciones sociales.
Confía que, cuando se impulsen todas las fases del plan de seguridad, sea suficiente para cambiar el rumbo del Gobierno en materia de seguridad. “Esperamos no llegar a la fase siete que es la de emergencia, eso es a lo que no queremos llegar”, reiteró.
Hoy, la idea es de incorporar a todas estas personas que fueron marginadas y que no fueron tomadas por los gobiernos anteriores para llevarles programas sociales con lo que puedan salir adelante.
Lo que se busca con esta nueva etapa, es llevar a estas personas servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, salud, educación y recreación, amplió Durán.
El ministro de Gobernación tiene claro que dado que las administraciones pasadas no les ofrecieron oportunidades, es que se dedicaron a delinquir y a integrarse a las padillas. Y es que el promedio de vida de4 un marero es de 26 años a juicio del funcionario y solo tiene dos caminos: la cárcel o la muerte.
Por eso es que el Ejecutivo pondrá todo su esfuerzo para generar condiciones que le den oportunidades a los jóvenes a la reinserción.
Sentenció que aquellas personas que sigan cometiendo delitos la fase uno se encargará de ellos; y eso se ha visto con el despliegue de la policía y del ejército en varias zonas del país. La fase dos es para quienes estén en la lógica de salir de la situación en la que se encuentran y quieren integrarse a la sociedad, por eso, es importante impulsar los programas sociales.
Reconoció que las medidas represivas tenían que impulsarse, aplicar acciones con drasticidad en los centros penales en donde hasta una red de corrupción había en las tiendas penitenciarias y combatir frontalmente la criminalidad. Pero a la par de estas medidas, también se tenía que impulsar un programa que generara las condiciones en las comunidades que fueron abandonadas y en donde se entrará con programas para los jóvenes como talleres, educación, cultura y salud, y propiciando condiciones para entender las necesidades de ellos, porque las necesidades en cada comunidad son diferentes.
La idea es de dejar estas iniciativas de manera permanente y que permitan que los jóvenes se alejen de dar malos pasos o se incorporen a grupos criminales y que por el contrario se conviertan en ciudadanos útiles para la sociedad.
“El compromiso es de encontrarles trabajo a estas personas. Hay miles de pandilleros en este país, pero también tienen hijos a los que hay que darles la oportunidad de romper con ese ciclo”, acotó Durán.
