En El Salvador somos 3 millones 491 mil 473 mujeres, lo que representa el 53% de la población total. A nivel nacional, en promedio, por cada 100 mujeres hay 89 hombres y de cada 100 hogares, 36 de ellos, tienen a una mujer como jefa de hogar (EHPM, 2018). Pese a que las mujeres somos mayoría en términos de composición poblacional, estamos muy lejos de alcanzar plena igualdad de derechos y representatividad en los espacios de poder y de decisión política.
Hasta no hace más de 80 años, en nuestro país, a las mujeres incluso se nos prohibía el derecho a votar. Fue gracias a la lucha de los movimientos feministas y sufragistas a nivel global que distintos países empiezan a avanzar hacia el voto igualitario.
En 1939, y bajo ciertas restricciones, y finalmente en 1950 en El Salvador, es que se reconoce el derecho al voto de las mujeres. En toda nuestra historia, ninguna mujer ha ejercido la presidencia de la República. Entre 1989 hasta 2018, sólo 16 mujeres han sido ministras, en comparación con 67 hombres que han ejercido estos puestos; y tan sólo una mujer ha sido vicepresidenta.
En las elecciones del pasado 4 de marzo, los resultados para concejos municipales y Asamblea Legislativa no revirtieron esta tendencia. De un total de 262 alcaldías, tan sólo 29 de ellas, son gobernadas por mujeres. De igual forma, de 84 escaños que conforman la Asamblea Legislativa, sólo 26 son ocupadas por mujeres. En el Reporte Global de Disparidad de Género, del Foro Económico Mundial (FEM), el indicador sobre empoderamiento político de las mujeres fue el peor evaluado, debido a la ausencia de mujeres en posiciones de liderazgos relevantes en este ámbito, ubicando al país en la posición 56 de 144 países evaluados.
Estas cifras confirman que existen barreras sociales, culturales, económicas que están limitando el ejercicio de la participación política de las mujeres. Aunque hay avances en el ámbito formal de las instituciones y ya se cuenta con una legislación que obliga a los partidos a cumplir con una cuota del 30% de representación de mujeres, la configuración del poder dentro de los partidos políticos (por ejemplo, democracia interna y acceso a financiamiento) está limitando que las mujeres alcancen posiciones de alto liderazgo.
Las mujeres que logran sortear estas desigualdades manifestadas en barreras sociales y culturales se enfrentan a una sociedad que las juzga, les impone estereotipos y les cuestiona su capacidad e idoneidad en función de su rol tradicional basado en género, algo que ocurre de forma muy distinta cuando se evalúa a los hombres que compiten por el mismo cargo público. Muchas veces las mujeres llegan a enfrentar claros casos de discriminación y violencia política.
Para visibilizar esta situación y promover una mayor igualdad, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), ONUMUJERES y Oxfam lanzaron recientemente la Campaña “Más Mujeres, Mejor Democracia”. Su objetivo es influir para que en las próximas elecciones presidenciales del 3 de febrero, los partidos políticos se comprometan a conformar un gabinete de gobierno paritario, siendo un compromiso al más alto nivel con los derechos de las mujeres.
Algunas personas se preguntarán, ¿Por qué es tan importante un gobierno paritario? ¿No sería mejor asegurar que llegan personas idóneas, comprometidas con la defensa de los derechos de la ciudadanía y transparentes? La respuesta es simple: esa exigencia debemos hacerla siempre como ciudadanos y ciudadanas que pagamos nuestros impuestos y que nos interesa que los recursos públicos se usen eficientemente. Un objetivo no debe condicionar a otro.
Las organizaciones que impulsamos esta campaña somos conscientes de que por sí solo, lograr un gobierno paritario no resuelve todos los problemas de la democracia, pero es un paso fundamental para avanzar hacia una mayor igualdad de derechos y que efectivamente todos los sectores/voces estén representadas en la toma de decisión.
Sin mujeres y hombres sensibles a la problemática de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres, las políticas públicas que se diseñen e implementen no tendrán el impacto en la reducción de las desigualdades y las brechas de género, que en nuestro país son alarmantes en todas las dimensiones que se analicen.
Finalmente, será la ciudadanía la que tendrá el poder de influir en los partidos políticos para llevar a hombres y mujeres capaces y honestas. La paridad de género y la meritocracia no son objetivos contrapuestos, se deben impulsar ambos, los dos son urgentes para fortalecer la calidad de nuestras democracias. Es hora de hacer de la paridad un compromiso irrenunciable.
