El expresidente Mauricio Funes expresó en sus redes sociales que las acusaciones que hace en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) no se igualan a las pruebas que tenían en el caso por corrupción del también expresidente Elías Antonio Saca. La Fiscalía acusa a Funes por malversar más de $351 millones de dólares provenientes de fondos públicos.
“En el caso Saca hay cuentas a su nombre con fondos de CAPRES y cheques personales librados por él. En mi caso, no hay cuentas a mi nombre, tampoco cheques o transferencias que haya firmado u ordenado”, indicó Funes a través de su cuenta de Twitter.
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El fiscal general, Douglas Meléndez, manifestó esta semana que se tienen declaraciones de testigos criteriados en el caso Funes “que han informado más de lo que ha salido a la luz pública”. La FGR presentó el jueves pasado la acusación contra 30 imputados, dentro de los cuales figuran el expresidente, el empresario Enrique Rais y el exfiscal general Luis Martínez.
Funes defiende que en su caso no existen documentos, transacciones financieras, cheques, registros de propiedad, sociedades o empresas beneficiadas que la Fiscalía pudiera tener en su contra. Manifiesta que en los tribunales “no hay nada de eso” y que no existen las pruebas que el fiscal general dice tener.
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Una de las acusaciones que el ministerio Público asegura tener contra el expresidente es que Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, es uno de los testaferros utilizados por Funes para cometer ilícitos y desfalcar fondos del Estado. Al respecto, el exmandatario dijo que “en el caso Saca la FGR tiene las transferencias que se hicieron de CAPRES a las sociedades que Jorge Hernández creó para beneficio del expresidente. En mi caso no existen transferencias de CAPRES a las sociedades o empresas de Miguel Menéndez”.
Saca y seis de sus principales funcionarios fueron condenados el pasado 12 de septiembre por peculado y lavado de activos por un monto de $300 millones de dólares. Las condenas oscilan entre los cinco y 10 años en prisión y todos los imputados deberán reintegrar el dinero robado de las arcas del Estado.
