Brendan O’Brien, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, confirmó que en los próximos días llegará a El Salvador un representante de su país “de alto rango”, sin especificar de quién se trataba.
“La relación entre EE.UU. y El Salvador es fuerte, somos socios, es un país muy importante para nosotros, porque el éxito de El Salvador es el éxito de los EE.UU.”, dijo O’Brien a periodistas al preguntarle si visitará El Salvador la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.
Harris ha sido designada por el presidente Joe Biden, para atender la grave crisis migratoria en la frontera sur del país norteamericano y que involucra a la región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) y a México. Hasta el momento Estados Unidos ha confirmado que la vicemandataria visitará México y Guatemala.
El diplomático estadounidense también dijo aún no tener noticias sobre el nombramiento de un nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador.
El Salvador es un país muy importante para los Estados Unidos, es una prioridad tener un embajador o embajadora acá. Claro que vamos a tener un embajador o embajadora en el corto plazo”, remarcó O’Brien.
El encargado de negocios está a cargo de la sede diplomática estadounidense en El Salvador desde la salida de Ronald Johnson en enero pasado.El diplomático manifestó ante el cuestionamiento sobre el veto presidencial a la Ley contra el Tráfico de Personas, que el próximo 1 de mayo, “verán cuáles son las prioridades” del nuevo Congreso.
O’Brien expresó hace algunas semanas su apoyo a la ley vetada por el presidente Nayib Bukele, diciendo que “protege a las personas vulnerables al tráfico ilegal de personas y castiga duramente a los traficantes que les ofrecen un viaje en vano”.
Bukele vetó la ley argumentando que esta era “inconstitucional”, porque “viola los derechos a la libertad, igualdad y justicia, por la infracción al principio de proporcionalidad, el fin resocializador de las penas y la seguridad jurídica”.
El mandatario consideró desproporcionado el aumento de las penas y dijo que lo que la normativa buscaba “criminalizar la migración”.
La ley aumentaba a un rango de 8 a 12 años de cárcel por delitos relacionados al tráfico de personas y tipificaba nuevos delitos a sancionar entre los que destacaban la promoción, organización y financiamiento de viajes ilegales.
