Los responsables de la administración de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, bloquearon el paso al juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, y equipo de defensores de derechos humanos.
Esta es la quinta ocasión, en la que la Fuerza Armada bloquea la inspección de los archivos militares que estarían relacionados con el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, registrado en diciembre de 1981.
Al igual que en ocasiones anteriores, la institución castrense ha entorpecido el trabajo sin ninguna justificación legal, según lo indicado por querellante del caso El Mozote, David Morales.
“Se trata de un incumplimiento deliberado por órdenes del mismo presidente Bukele y el ministro Merino, lo que significa un delito de encubrimiento, un delito de desobediencia a una orden judicial, entre otros. Están protegiendo a criminales de guerra", dijo Morales.
Los defensores de los derechos humanos han sido respaldados con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declaró improcedente el amparo presentado por el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, con el cual bloqueó en dos ocasiones las inspecciones de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote y sitios aledaños, registrado en diciembre de 1981.
Semanas atrás, Merino Monroy presentó un amparo en contra del procedimiento encabezado por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, donde alegaba que no les permitió el acceso porque se estaba poniendo en riesgo planes militares secretos.
Ante esto, la Sala sostuvo que el referido proceso está encaminado en contra de las personas que –de conformidad a las diligencias de investigación– resulten ser las presuntas responsables de haber cometido los hechos delictivos en el contexto de esa masacre, por lo que ese proceso en sería tramitado contra personas naturales ya determinadas y no contra la institución que el Ministro representa; es decir, la Fuerza Armada.
Pese a esto, los militares insisten en bloquear el paso a los defensores de los derechos humano, que su única finalidad es resolver esta masacre que ha sido catalogada como la más sangrienta en la historia reciente de Latinoamérica.
Ante esto, mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, aceptó que no permitió el acceso, por el supuesto peligro de que se dieran a conocer planes secretos actuales.
“El problema no son los archivos… Porque ellos (El juez, Jorge Guzmán y PDDH) gobernaron 10 años y digo ellos, porque ambos responden al FMLN y saben lo que hay ahí en el Estado Mayor Conjunto; saben que los archivos de El Mozote no están ahí. Lo que quieren es entrar con conocimiento y ver lo que hay ahí y decir abran esa puerta, probablemente para ver que hay en el Comando de Operaciones y enterarse de alguna operación militar de la semana pasada”, afirmó.
Además, confirmó que fue él quien descalificó los archivos al considerarlos que ya no eran estratégicos, por lo tanto, ordenó que se sacaran de donde estaban, se revisaran para posteriormente empaquetarlos y entregarlos a las instancias correspondientes.
En este sentido, la documentación enviada desde la Casa Presidencial llegó a manos del Juez y que "supuestamente contendría esos documentos que estaban en las cajas que mostró el presidente (Nayib Bukele) en cadena nacional".
"Desconocemos si es información útil para el caso o se trata de documentación sin valor que ha enviado el presidente para aparentar cumplimiento", señaló Morales.
Donde sí logró ingresar el Juez y el equipo multidisciplinario fue al Palacio Nacional, lugar donde revisaron el expurgo militar que se encontraba almacenado en el Archivo General de la Nación.
En la inspección se encontró en parte de las tres cajas del expurgo militar, valiosa información, que servirá para abonar al proceso.
“Es falsa la afirmación del presidente y personeros del gobierno en el sentido que digan que no existen los documentos que se iban a buscar, existen y lo ha informado la propia Fuerza Armada al Tribunal, buscaremos que la entreguen en un informe escrito, aunque es probable que si envían algo, lo envíen mutilado o manipulado, dada esta actitud de encubrimiento que estamos constatando", afirmó Morales.
Tras el nuevo bloqueo, el juez se dirigió al centro judicial de San Miguel para levantar un acta de lo sucedido y pedir se investigue si se han cometido delitos como: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial.
Este jueves el juez intentará revisar los archivos militares en el Destacamento Militar N°4 de San Francisco Gotera.
La masacre de El Mozote tuvo lugar en el marco de la guerra interna de El Salvador, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número personas asesinadas ascendió al menos a 988.
Una ley de amnistía en 1993 cerró el caso por más de 20 años, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló esta ley en 2016 y ese mismo año se reabrió el proceso.
