La diputada Felissa Cristales de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), solicitó una modificación a la Ley Contra la Usura y al Código Procesal Civil y Mercantil, para frenar el cobro alto de interés a usuarios de créditos, los cuales contravengan con la Ley de Usura.
Según declaraciones de la parlamentaria las piezas de correspondencia buscan que “todo cobro que incumpla la Ley contra la Usura sea inadmisible y deje sin efecto cualquier demanda judicial”.
El documento, expone que “muchas personas naturales y jurídicas cobran intereses que contravienen la Ley Contra la Usura, afectando el desarrollo económico y social de los salvadoreños, especialmente a micro y pequeña empresa”.
Al respecto, una de las enmiendas solicitadas en la normativa contra la usura establece que: Será nula toda cláusula o acuerdo que establezca en los créditos otorgados a partir de la vigencia de esta ley (en caso de aprobarse), una tasa de interés efectiva mayor a la tasa máxima vigente por segmentos establecidas por el Banco Central de Reserva (BCR).
Además plantea que “cualquier demanda judicial por la que se reclamen intereses devengados o condiciones que contravengan la presente ley, será declarada inadmisible de oficio”; la propuesta de reforma irá a estudio de la respectiva comisión legislativa para su análisis.
Esta propuesta, se suma a una del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que obligaría a los prestamistas a que se registren en el Banco Central de Reserva, para llevar un control de las personas o entidades que se dedican a prestar dinero.
La Ley contra la Usura fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2012, con la finalidad de prohibir, prevenir y sancionar las prácticas usureras con el fin de proteger los derechos de propiedad y de posesión de las personas.
En septiembre de este año, el periódico La Prensa Gráfica, publicó una nota que revela que los usureros mueven hasta $500 millones al año, con tasas de interés de hasta el 20%.
