Por Redacción ContraPunto
El Fondo Monetario Internacional exigió al Gobierno de El Salvador la presentación de una propuesta de reforma al sistema de pensiones antes del 10 de febrero de 2026, como parte de las condiciones clave del acuerdo financiero suscrito entre ambas partes. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema previsional y contener riesgos fiscales crecientes, según documentos oficiales del propio organismo multilateral.
El FMI estableció el 10 de febrero de 2026 como plazo máximo para que El Salvador publique su propuesta de reforma de pensiones dentro del marco del programa de financiamiento ampliado acordado con el país. El compromiso está claramente estipulado como un “criterio estructural” dentro del acuerdo entre la administración salvadoreña y el organismo internacional.
Este plazo responde a la preocupación de que el actual sistema de pensiones enfrenta desafíos de sostenibilidad fiscal y financiera. Un estudio actuarial ordenado por el FMI proyecta déficits crecientes en el sistema público de pensiones y alerta que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), usada para cubrir pensiones cuando las cuentas individuales se agotan, se agotaría alrededor de 2027 si no se adoptan ajustes estructurales.
¿Qué busca el FMI con la reforma?
Según los documentos del Fondo, la reforma debe:
- Colocar el sistema de pensiones en una situación financiera sostenible a largo plazo.
- Contener y reducir los costos fiscales y pasivos contingentes asociados con el régimen actual del sistema previsional. Esto incluye ajustes a la forma en que se financian las pensiones públicas y privadas.
Así mismo, el FMI espera una evaluación actuarial independiente previa a la propuesta, la cual servirá de base técnica para definir los cambios necesarios que podrían incluir ajustes a la edad de jubilación, la duración de las cotizaciones o el nivel de aportes, entre otros aspectos.
Situación actual y lo que el Gobierno tiene preparado
Hasta enero de 2026, las autoridades salvadoreñas no han presentado formalmente una propuesta de reforma, ni existe ante la Asamblea Legislativa un documento oficial con medidas concretas sobre pensiones, según declaraciones de la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea, quien indicó que aún no cuentan con información sobre ningún texto de reforma que vaya a discutirse.
Lo que sí se ha publicado es un resumen del estudio actuarial del sistema previsional que sugiere que se deben buscar fuentes de financiamiento adicionales para asegurar la viabilidad futura del sistema, además de reformar los marcos legales que rigen los sistemas públicos y privados.
El documento actúa como una base técnica preliminar, aunque aún faltan definir políticas específicas y métricas cuantificables que realmente constituyan la reforma exigida por el FMI.
Contexto del sistema de pensiones salvadoreño
El sistema de pensiones en El Salvador está dividido en dos componentes principales:
- Sistema Público de Pensiones (SPP), que cubre principalmente a beneficiarios provenientes del antiguo sistema de reparto y actualmente muestra un número muy bajo de contribuyentes frente a beneficiarios.
- Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), administrado por las AFP, que también enfrenta presiones financieras y dependencia de instrumentos como los Certificados de Obligación Previsional (COP).
Las reformas previas, especialmente la de diciembre de 2022, incrementaron beneficios como un aumento del 30% en pensiones, pero no abordaron la raíz de los problemas de sostenibilidad, lo que ha llevado al FMI a fijar este nuevo plazo y requerimiento.
Impacto político y desafíos
El cumplimiento de la fecha del 10 de febrero no solo representa un requisito técnico o económico, sino que también tiene implicaciones políticas internas:
- El Gobierno debe coordinar con la Asamblea Legislativa para que las propuestas de reforma puedan ser analizadas y eventualmente aprobadas antes de que finalice el plazo establecido.
- Grupos técnicos, sindicatos y sectores independientes han manifestado la necesidad de que cualquier reforma sea socialmente justa y técnicamente sólida, evitando perjuicios a trabajadores y pensionados.
