Publicaciones de medios locales recogen parte de las acusaciones que hace la Fiscalía General de la República (FGR) en contra 22 de implicados en el caso “tregua”. Los señalamientos van desde reclamos al expresidente Mauricio Funes de parte de pandillas por presuntos incumplimientos de pactos electorales, hasta el financiamiento de ranchos en la playa para construir la estrategia de la tregua.
La FGR, en su requerimiento fiscal, asegura que la MS-13 en una carta enviada por un líder de la pandilla al expresidente Funes en febrero de 2012, en la que expresaba reclamos por el retraso en cumplimiento de algunos pactos de parte del Gobierno Funes como traslado de cabecillas del penal de máxima seguridad a otros de medianía o mínima seguridad, además de otros beneficios carcelarios como ingreso de teléfonos y televisores. Todo a cambio de que pandillas y sus familiares votaran en las elecciones presidenciales de 2009 a favor de Funes.
Lea también: ¿De quién eran las manos que pactaron la tregua?
Dicha carta fue anexada al expediente del caso cuya audiencia preliminar estaría próxima a culminar luego de tres días de desarrollo en el Juzgado Especializado de Instrucción “A”.
Otra de las acusaciones fiscales es que el gobierno Funes habría pagado, según la FGR, estancia en un rancho de playa para al menos cien líderes de cada pandilla en días diferentes, con el fin de explicar el proceso de tregua. Asimismo, señala que con fondos públicos, se le habría facilitado a Raúl Mijango, exmedidador de pandillas, un local de oficina, vehículo, viáticos y empleados a su servicio durante el tiempo de la tregua entre 2012 y 2013.
Asimismo, la FGR en su acusación, tiene fuertes sospechas que nada del proceso y logística de la tregua pudo ser posible sin el conocimiento del entonces ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payes, quien hoy es ministro de Defensa, pero que pese a las sospechas, no enfrenta acusación alguna por parte del Ministerio Público.
La audiencia preliminar cumple este viernes su tercer día de desarrollo. En ella se acusa a Raúl Mijango, el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, altos mandos policiales y militares, empleados de Centros Penales, entre otros.