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domingo, 17 de octubre del 2021

Fiscalía acusa a Ochoa Pérez por delito de corrupción

El Ministerio Público presentó el requerimiento en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, contra el exembajador de El Salvador en Honduras y dos personas más, una de ellas de nacionalidad hondureña por peculado.

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La Fiscalía General de la República (FGR), presentó este viernes requerimiento formal en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, contra el exdiputado y coronel en retiro, Sigifredo Ochoa Pérez por el delito de peculado. Además, fueron acusados el salvadoreño Walter Alfredo Anaya Escalante (ministro consejero)  y Soledad Funes Donaire de Ramírez, de nacionalidad hondureña.

Según lo manifestado por el fiscal que presentó la acusación en el tribunal, a las tres personas les atribuyen el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal que establece que: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho será sancionado con pena de prisión… que va de 6 hasta 15 años”.

En la solicitud, explicó el agente fiscal, se detalla que en el 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento, donde funcionaba la oficina diplomática de la embajada de El Salvador en el vecino país; las indagaciones revelaron irregularidades en el canon de contrato de alquiler de los inmuebles. “Uno era por dos mil doscientos dólares y el otro por tres mil dólares, existiendo una diferencia de ochocientos dólares”.

Con base a las investigaciones, se determinó que el excedente del canon de arrendamiento, eran pagados a Ochoa Pérez; pero cuando se retiró en septiembre de 2009 de la sede diplomática, el dinero era entregado a Anaya Escalante, a través de Donaire de Ramírez (cómplice), que hacía la entrega del dinero del sobrante de los pagos por el alquiler de los locales donde funcionó la sede diplomática salvadoreña.

Los hechos se siguieron cometiendo hasta el 2016; y fue el embajador salvadoreño que llegó a la sede en el 2018 quien detectó dichas anomalías y  presentó la denuncia en la Fiscalía que culminó con el requerimiento presentado este viernes.

El total del dinero que recibieron fue de $107,920, fondos erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El coronel retirado Ochoa Pérez, escribiría ese mismo día en su cuenta de Facebook que todo se debía a una venganza política; y dejaba en manos de Dios el caso.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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