El gobierno salvadoreño ejecutó la firma de un convenio interinstitucional, con el cual pretende combatir los delitos financieros.
El entendimiento fue firmado por Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda; Gustavo Villatoro, titular de Justicia y Seguridad Pública; Rodolfo Delgado, fiscal general de la República; y Mario Ernesto Menéndez, superintendente del Sistema Financiero.
A través de esta alianza, las cuatro instituciones se coordinarán para “ser más efectivos” en la persecución del lavado de dinero y activos, delitos financieros y tributarios, así como el fortalecimiento al sistema financiero.
El convenio “fortalecerá el trabajo que ya se está realizando entre las instituciones de forma interconectada para prevenir y sancionar estos delitos que durante años han afectado el desarrollo del país”, indicó la SSF en una publicación de Twitter que anunciaba el acuerdo.
Por su lado, la FGR informó en un comunicado que en el convenio las cuatro instituciones se comprometieron a establecer una mesa de trabajo en la que se intercambiarán datos que “resulten relevantes en la estrategia de seguridad pública e investigación del delito”.
Según el convenio, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se compromete a poner a disposición de la Fiscalía la “información útil y relevante, así como las bases de datos que permita la identificación de personas de interés en la investigación de delitos” en el sistema financiero.
En tanto, la SSF se comprometió a gestionar con los agentes del sistema financiero la “entrega oportuna” de “toda la información que resulte requerida para la investigación” de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Además, estableció el compromiso de guardar confidencialidad sobre los requerimientos realizados por mandato constitucional y legal.
El compromiso de la Fiscalía es “guardar estricta reserva de la identidad de los integrantes del sistema financiero que tengan algún tipo de intervención en la investigación” de los delitos tratados en el convenio. “Se otorgará régimen de protección como testigo criteriado, resguardando estricta reserva y confidencialidad de su identidad, de acuerdo a las leyes que regulen la materia”, agregó la entidad en su comunicado.
Cada institución designará un coordinador para el seguimiento y ejecución del convenio. En tanto, las acciones se coordinarán con la Policía Nacional Civil para la persecución efectiva de los delitos, agregó la FGR.
