El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador ha nombrado a los peritos propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) quienes tienen hasta el 31 de mayo para presentar al juzgado el dictamen pericial contable en el caso del expresidente Elías Antonio Saca y seis exfuncionarios más.
Los peritos que provienen de la Superintendencia del Sistema Financiero y Ministerio de Hacienda, analizarán documentación del periodo del 31 de mayo de 2004 al 31 de mayo de 2015.
La diligencia judicial fue notificada el pasado 14 de febrero a los abogados defensores de los imputados. A ellos se les informó los nombres de los peritos, los puntos de pericia con el fin de que en el término de tres días hábiles puedan proponer los peritos que consideren, y propongan puntos de pericia.
De acuerdo con el área de prensa del Centro Judicial “Isidro Meléndez”, se informó que los defensores haciendo uso de su derecho presentaron varios recursos de revocatoria contra algunos puntos de pericia y mostraron su inconformidad del por qué no se realizó una audiencia especial para dicha diligencia.
No obstante la diligencia programada por el juez Rigoberto Chicas está basada en el art. 231 del Código Procesal Penal, que dice “la realización de la diligencia será notificada a las partes con la indicación de los puntos de pericia y del nombre del perito”.
El juzgador tiene tres días hábiles para resolver los recursos presentados por los abogados y hasta entonces se les podrá entregar el expediente y la documentación a los peritos.
El expresidente Saca, Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Jorge Alberto Herrera, Cesar Funes y Julio Rank, son acusados de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, delitos cometidos presuntamente en su gestión presidencial entre los años 2004 al 2009.
De acuerdo a la investigación fiscal, los fondos que suman $246 millones de dólares de los que presuntamente se apropiaron, provienen de una cuenta institucional del Tesoro Público de la Casa Presidencial, dinero que desviaron a empresas privadas, personas naturales y jurídicas.
