La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes los detalles de la captura del actual director General de Centros Penales, Rodil Hernández y la orden detención administrativa contra el exdirector, Nelson Rauda. Según el Ministerio Público, hubo erogaciones de dineros provenientes de las tiendas penitenciarias que se utilizaron para beneficio de funcionarios de Centros Penales, y no para el mismo beneficio de los privados de libertad tal como lo mandata la ley.
La FGR presentó como elementos probatorios montos de $1 mil 715 en anticipo salarial; $3 mil 911 en apoyo económico; $336 mil 800 en bonos; compensación salarial extraordinaria por $1 mil 600; complementos salariales por $315 mil 052; $9 mil 200 en incentivos salariales; préstamos personales por $73 mil 594; vacaciones por $40 mil 069, entre otros que suman $5, 606, 611 dólares.
Además cuenta con 108 cheques del Banco Agrícola con su respectivo número de cuentas a nombre de tiendas institucionales, y la misma prueba de la erogación. Un informe financiero destaca un pago de $284 mil dólares a inteligencia que se vino incrementando desde 2010 pero que no puede ser sustentado.
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“De diferentes denominaciones se están haciendo erogaciones en beneficio económicos de diferentes funcionarios y empleados de Centros penales, que son circunstancias distintas contempladas en el reglamento. El dinero no fue utilizado para lo que debió haber sido destinado”, dijo el director de Áreas Especializadas de la FGR, Allan Hernández.
Foto/FGR
El período examinado está entre el 2012 y 2014 en los cuales la Fiscalía ha podido establecer que tanto Nelson Rauda y Rodil Hernández, al momento de fungir como directores generales de Centros Penales, hicieron un mal uso del dinero que provenía de las tiendas institucionales, según detalló Hernández. Detallan además pagos de sobresueldos, bonificaciones y pagos a personas que no trabajan para Centros Penales.
La investigación fiscal toma como prueba también las mismas auditorías internas que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha realizado, y que establecen un mal manejo de las tiendas institucionales o del dinero que proviene de ellas.
“Como hallazgo relevante encontramos que los precios de los productos dentro de la tienda institucional estaban siendo elevados a fin de garantizar una ganancia dentro de las tiendas”, explica Hernández.
Afirmó que según el artículo 152 del reglamento de Ley Penitenciaria, las ganancias provenientes de las tiendas deben ser directamente para beneficiar a la población reclusa. “Sin embargo el uso que se le dio fue completamente diferente en una buena parte de este dinero”.
El fiscal a cargo dijo que el mismo Rodil Hernández respondió en junio de 2016 a la FGR que los fondos de las tiendas eran destinados a gastos de inteligencia autorizados por el ministro de Justicia y Seguridad Pública de forma verbal vía requerimiento.
“El manual y la Ley Penitenciaria y su reglamento, jamás habilita para pago de esta naturaleza. Sin embargo, los informes de los ministros de Justicia de Munguía Payes, Ricardo Perdomo, Benito Lara y Mauricio Landaverde, todos por medio de informe escrito y por entrevista, ratifican que jamás han autorizado erogaciones del fondo de tienda institucional para pago de inteligencia”, dice Allan Hernández. Añade que los ministros negaron haber recibido de Rodil Hernández esas cantidades de dinero.
“Mientras tenemos condiciones deplorables para la población reclusa, estas personas estaban despilfarrando dinero en condiciones distintas a las estipuladas por la ley”, añadió
Rodil Hernández fue capturado el pasado 29 de mayo acusado de los delitos de Administración Fraudulenta y Actos arbitrarios. La FGR asegura que investigación no obedece a la coyuntura, y afirma que el caso no tendrá reserva.
