Costa Rica aceptó este lunes la solicitud de extradición de Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), quien es requerido en El Salvador por el delito de lavado de dinero, informó el fiscal general, Raúl Melara, de El Salvador
Melara aseveró que Guzmán Berdugo "guarda prisión en Costa Rica con el objetivo de ser deportado", e indicó que el "proceso (de extradición) no será tan expedito como quisiéramos porque él tiene habilitados recursos legales, lo cual, a esta fecha, detiene la deportación a El Salvador".
Guzmán es del padre de la actual pareja del expresidente Funes, Ada Michell, y está acusado en El Salvador de formar parte de una red de corrupción liderada por Funes durante su Gobierno (2009-2014). Este red habría robado y lavado más de 350 millones de dólares del dinero público de El Salvador.
El dinero habría ido a ocho cuentas bancarias particulares y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo, según la acusación. Funes vive asilado en Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la ciudadanía nicaraguense.
"Él (Guzmán) está alegando lo que cree conveniente y está haciendo uso de sus derechos que la ley le franquea, pero lo importante es que la solicitud de extradición ha sido aceptada por el Gobierno de Costa Rica", formó el fiscal Melara.
Funes, nacionalizado nicaragüense en julio pasado y quien gobernó a El Salvador con la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), se encuentra en Nicaragua junto a su compañera Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, dice una agencia internacional, en correspondencia a lo que le acusan las autoridades en El Salvador.
El expresidente Funes es procesado en en audencia en El Salvador por los mismos delitos que su antecesor Elías Antonio Saca (2004-2009), está condenado por desfalcar al Estado por más de 300 millones.
Saca, quien gobernó por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue condenado a 10 años de prisión por cargos de pecualado y lavado de dinero.
Funes además es acusado civil y penalmente por delitos de enriquecimiento ilícitos y sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos, entre otros delitos.
