La organización de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Uruguay recibió con alivio la sentencia del Tribunal Supremo de Italia que confirmó las cadenas perpetuas a 14 militares y represores de Uruguay y Chile, a la vez que estudia la situación de peruanos y bolivianos, en el marco de la investigación por las operaciones del llamado “Plan Cóndor”, de coordinación represiva, en las décadas de 1970 y 1980.
En una cárcel especial, ubicada en la periferia de Montevideo, la capital de Uruguay, algunos mandos militares y policías, cumplen condenas de hasta 25 años por los crímenes que cometieron durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985).
Otros consiguieron prisión domiciliaria y todavía hay alguno prófugo, pero casi todos los responsables de crímenes de lesa humanidad han recibido alguna condena de la Justicia o de la gente, mediante pronunciamientos públicos que dejan en evidencia su condenable papel en aquellos años.
Varios se llevaron sus secretos a la tumba, sin admitir los delitos cometidos y ocultando información sobre el destino de los cuerpos de decenas de uruguayos que aún permanecen n la lista de desaparecidos.
Gregorio “Goyo” Álvarez murió el 28 de diciembre del 2016 negando cualquier responsabilidad. Fue jefe del Ejército y, en 1981, desplazó a los civiles que hasta entonces ocuparon la presidencia de facto, para asumir directamente ese alto cargo ejecutivo hasta 1985, en la última etapa de la dictadura.
José “Nino” Gavazzo fue un coronel del Ejército que para muchos uruguayos se convirtió en un emblema de la tortura, la represión y la muerte de gente que pensaba distinto a los dictadores de la época. Gavazzo alcanzó a confesar alguno de sus crímenes, pero murió este 25 de junio del 2021, a los 82 años.
Pasaron 48 años del comienzo de la dictadura uruguaya y 36 años de la recuperación de la democracia, pero varias organizaciones populares, y especialmente los Familiares de Detenidos-Desaparecidos, no cesan en su reclamo de Verdad y Justicia.
Esta segunda semana del julio invernal uruguayo, esasorganizaciones recibieron con alivio la sentencia del Tribunal Supremo de Italia que confirmó las cadenas perpetuas a 14 militares y represores de Uruguay, y de Chile, y que sigue investigando a presuntos criminales de Perú y Bolivia.
Ignacio Errandonea, integrante de la organización de “Familiares” de Uruguay declaró a medios de su país que “para los criminales de lesa humanidad no hay un rincón seguro en el mundo y tarde o temprano tendrán que rendir cuentas”.
Es bueno “que (los militares) sepan que pueden escaparse de uno, pero no de otro lado. No nos olvidemos que la justicia argentina tiene a (Manuel) Cordero porque se escapó y (Jorge) Tróccoli está en Italia porque no quiso rendir cuenta frente a la justicia uruguaya y se escapó, recordó Errandonea.
Para las organizaciones sociales uruguayas,comprometidas con los derechos humanos, el Plan Cóndor fue un plan criminal de exterminio” sistemáticamente aplicado por grupos organizados de militares y civiles,. que se movían en la región sur de Sudamérica, principalmente Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.
Los crímenes cometidos iban desde detenciones ilegales, a secuestros de adultos y niños, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y robos.
Además de los militares uruguayos condenados a cadena perpetua en Italia, también fueron condenados por el Supremo Tribunal de Justicia de Italia, los chilenos Pedro Espinoza, miembro de la policía secreta de Augusto Pinochet; el militar Daniel Aguirre Mora y el que fuera funcionario de la Policía de Investigaciones, Carlos Luco Astroz. También estaba el ex intendente Hernán Ramírez, pero ya murió.
Foto: Cortesía
Link: Familiares de Detenidos-Desaparecidos/Uruguay
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