La violencia es un factor de expulsión clave en el país que afecta derechos básicos de las personas. Al huir, los salvadoreños tratan de migrar a Estados Unidos, transitando por México, donde nuevamente son víctimas de diversos delitos. En México hay más de 40,000 casos de personas desaparecidas. alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar y 1,300 fosas clandestinas que incluye víctimas salvadoreñas, según organizaciones de la sociedad civil como: Fundación para la Justicia, Jóvenes Reencontradas durante el Conflicto Armado en El Salvador y Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), entre otras.
Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático para el Derecho, que el Gobierno tiene una deuda pendiente, tanto por las personas que desaparecieron durante el conflicto armado en el país (1979-1992), y por las víctimas por el desplazamiento forzado por la violencia.
En El Salvador, el método de la desaparición forzada de personas se constituyó “como una práctica sistemática para instaurar el miedo”, con el consentimiento de los diferentes gobiernos, ya sea por acción u omisión en diferentes contextos: conflicto armado, violencia actual, desplazamiento interno y la migración forzosa.
El conflicto armado en El Salvador dejó más de 7,000 personas desaparecidas. Pero este flagelo no se limita solo a eso. Actualmente, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), existen 1,811 casos denunciados en lo que va de este año.
En los últimos años el Estado ha avanzado en la adopción de algunas medidas relativas al conocimiento armado de la verdad y la búsqueda de la gran cantidad de personas desaparecidas durante la guerra interna en el país como reformas al Código Penal de la desaparición forzada como delito, la creación de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y de CONABUSQUEDA.
Interiano explica que hay avances respecto a las desapariciones actuales, como la creación del Banco de Datos Forense de Migrantes no Localizados en El Salvador, impulsado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y COFAMIDE desde el año 2010 y la creación del Protocolo Urgente y de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas de la Fiscalía, pero lamentablemente no hay mecanismos claros, efectivos y sistemáticos de búsqueda.
Por eso, Interiano insiste en que es urgente atender de inmediato y de forma integral el problema de las desapariciones en El Salvador, así como a las víctimas y sus familiares , todo de conformidad a lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales vigentes .
En resumen, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC), así como el Órgano Judicial, deben tratar con dignidad a las víctimas de desaparición forzada y sus familias. La Asamblea Legislativa debe trabajar para crear una legislación en materia de datos genéticos e identificación y reformar la legislación penal y civil a los nuevos casos de desapariciones; para lo que debe tomar en cuenta la participación activa de las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la desaparición forzada.
Por último, el Estado debe ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, un instrumento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La ONU define la desaparición forzada como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de éste.
Asimismo, señala, este delito contempla la negativa de las autoridades a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, lo que la sustrae de la protección de la ley.
La Fundación Justicia, asegura que hoy se cuentan más de 40,000 personas desaparecidas, más de 37,000 personas sin identificar. "Estas cifras no son solo números, son vidas, son historias, son miles de familias que viven en la incertidumbre y son cifras que todos los días aumentan", manifestó Interiano.
El testimonio de María
Hace 9 años, la tranquilidad de María y su familia se vio interrumpida por la delincuencia. Ella vivía en Colón, municipio de la Libertad con su esposo y sus dos hijos.
Un día comenzó a recibir llamadas telefónicas de supuestos pandilleros que le pedían dinero (extorsión) a cambio de no atentar contra su vida y de sus seres queridos.
En un momento de desesperación, lo primero que hizo fue enviar ilegalmente a su hijo de 14 años para Estados Unidos un 6 de marzo de 2010. Desde entonces, no sabe nada de él; pero abriga la esperanza de que está con vida.
Meses después ella junto con el resto de su familia abandonaría su hogar, dejando todas sus pertenencias porque las amenazas no cesaban.
Puso la denuncia en la Policía pero no le ofrecieron ayuda, por el contrario, la desanimaron.
“Hice la denuncia de la desaparición de mi hijo, pero las autoridades no apoyan. Me dijeron que no era el único caso que tenían para darle prioridad y me mostraron una gaveta llena de papeles. Tomé la decisión no volver a creer en las autoridades.
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