De la sesión virtual que realizó hoy la Cámara de Senadores de Paraguay participaron 45 legisladores, de los cuales 40 votaron por el desafuero, cuatro lo rechazaron y hubo una abstención.
En su defensa Bajac dijo que no sabía que estuviera afectada por el virus y que devolvió el viático que le habían dado para los viajes, pero aparentemente no devolvió todo el dinero, según medios de prensa paraguayos.
Los legisladores que aprobaron su destitución consideraron que los argumentos de la ahora ex senadores eran muy débiles y no correspondía entonces otra medida que el desafuero, algo que se decidió finalmente, y de inmediato se nombró al suplente que ocupará esa banca.
Bajac realizó un viaje particular a Lima pero lo declaró como oficial y también utilizó fondos públicos para un viaje a Guatemala que después se suspendió, indicaron hoy los medios paraguayos.
El 1 de abril la ahora ex senadora se presentó al Congreso, cuando estaba en cuarentena y tenía pendiente el informe médico con el resultado del análisis respecto del virus que también afecta a Paraguay.
El 3 de abril la fiscal Belinda Bobadilla pidió el encarcelamiento de la senadora, algo que se decidirá a partir de la pérdida de la investidura que le otorgaba inmunidad.
Con la expulsión de Bajac ya son seis los congresistas paraguayos que perdieron su banca, por diferentes razones.
En agosto del 2018, el primero fue el senador Óscar González Daher, del conservador Partido Colorado; en setiembre de ese año, el también senador Jorge Oviedo Matto, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), presentó la renuncia. Ambos tienen abiertos procesos en la justicia civil.
Ante la presión de la gente que protestaba en las calles de Asunción, la capital de Paraguay, renunció, en agosto del 2018, el diputado José María Ibáñez ("Colorado) , aunque había sorteado un proceso de destitución en la Cámara de Diputados. Fue procesado por hacer figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a su cargo a tres personas que en realidad eran empleados de su quinta particular.
En la lista siguió el senador Víctor Bogado, también "colorado", condenado en la Cámara Alta por el cobro indebido de honorarios por un caso conocido como "Niñera de oro", una mujer que figuraba como funcionaria de la Cámara pero en realidad estaba a cargo del cuidado de niños en la casa del ex legislador.
Otro en ser destituido por sus pares fue el senador Dionisio Amarilla, del PLRA, por un supuesto caso de tráfico de influencias, al intentar mediar para detener unas publicaciones periodísticas sobre irregularidades en una licitación del Instituto de Previsión Social que beneficiaba a la empresa de seguridad.
En 2019 zafaron de este proceso los diputados Carlos Portillo, Tomás Rivas y Ulises Quintana acusados de tráfico de influencias y de hacer figurar como funcionarios a su cargo en el Congreso a empleados de sus propiedades privadas, en el caso de los dos primeros.
Quintana -el único de ellos en no tener un pedido de pérdida de investidura- está preso y acusado de ser cómplice de una estructura dedicada al narcotráfico. De igual manera, el diputado Miguel Cuevas está actualmente preso en la Agrupación Especializada por un proceso por enriquecimiento ilícito.
