El exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se presentó voluntariamente al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador para hacer efectiva la orden de captura que giró en su contra la Cámara Tercero de lo Penal, por supuesta malversación de los fondos de la tiendas penitenciarias del programa “Yo Cambio”.
“Tengo conocimiento que la cámara resolvió en contra nuestra, entonces entiendo que hay una orden de detención en contra mía, por ese motivo, de forma voluntaria, me he presentado”, expresó el exministro.
En ocasiones anteriores, el exfuncionario aseveró ser parte de una persecución política ya que está siendo procesado de manera arbitraria, por hechos que considera falsos.
Además, explicó que las razones por las que se presentó ante el juzgado fue porque la Cámara resolvió sobre la petición de revocatoria de la detención provisional que posesía en su contra, a pesar de haber cumplido las medidas.
Asimismo, explicó que se someterá a todos los procesos que ordenen los tribunales, para colaborar con las autoridades.
“Este es un caso eminentemente político. Confiamos que en que no hemos hecho nada malo y vamos a dar pelea”, explicó el exfuncionario.
Landaverde detalló que actualmente se le ha privado de su salario, algo que le impide poder ayudar a su familia y reduce los recursos para poder establecer su defensa.
Esta no es la primera vez que el también polícia se entrega de manera voluntaria, sin embargo, no se procedía a su captura por no tener las órdenes correspondientes.
La semana pasada, el exministro también se presentó al juzgado, pero en esa ocasión aún no se había girando la orden de captura, luego que la Cámara Tercera de lo Penal revocara las medidas alternas a la detención en su contra, alegando peligro de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación.
El siguiente día, la defensa de Ramírez presentó un recurso de revocatoria en la Cámara en donde pedía suspender la orden de captura y señalaban que no habían argumentos ni pruebas para tildar el peligro de fuga ni la posiblidad de entorpecer la investigación que hace la Fiscalía.
El exministro y otras 20 personas son acusadas de supuestamente desviar $14 millones de las cuentas de las tiendas institucionales de Centros Penales, a través de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
