Miembros de la organización “Acción Ciudadana” exigieron este miércoles a la Corte de Cuentas de la República (CCR) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que realice las pertinentes diligencias de investigación en el caso del pago de presuntos sobresueldos, una acción que tildaron como “corrupta e inadmisible” en un Estado Constitucional de Derecho como el salvadoreño.
“Exigimos en el ámbito de sus respectivas competencias, inicie los procesos administrativos, jurisdiccionales o de investigación que sean necesarios para determinar las responsabilidades patrimoniales y penales de los autores y beneficiarios de los pagos de sobresueldos”, expresa la ONG por medio de un comunicado.
Su exigencia la amparan en el artículo 95 de las Disposiciones Generales de Presupuesto el cual establece que ninguna persona civil o militar podrá devengar más de un sueldo proveniente de fondos públicos salvo excepciones legales entre las cuales no aparecen “complementos salariales” para altos funcionarios públicos.
“Reconocemos que este uso arbitrario de fondos públicos es de vieja data pues hay evidencia que pasadas administraciones del Ejecutivo incurrieron en esta práctica”, añade Acción Ciudadana.
Recientemente se filtraron varios supuestos recibos firmados por exfuncionarios de gobiernos de ARENA en el que recibían bonificaciones de grande cifras de dinero de parte del Órgano Ejecutivo. Algunos de esos funcionarios, son hoy diputados del partido ARENA.
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El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, aseguró que el silencio que guarda la FGR en este caso, y en el de los supuestos libros de la partida secreta administrada por tres gobiernos de ARENA en los que presuntamente hay gastos injustificables arriba de los $300 millones de dólares, es sospechoso.
Chicas aseguró este martes en una entrevista matutina, que el actual gobierno ha denominado a esa asignación “gastos reservados” en lugar de “partida secreta” por lo que hoy es posible que sean fiscalizados.
El portavoz presidencial añade que han solicitado una investigación de todos los gobiernos en los últimos 25 años, pues sostiene que todos deben estar bajo el escrutinio público.
