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jueves, 13 de mayo del 2021

Exhuman a ví­ctimas de masacre de El Calabozo ocurrida en 1982

El juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en San Vicente, reabrió a inicio de este año la investigación de la masacre de El Calabozo, ante la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistí­a

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Cristosal y el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos (CPDH) “Madelein Lagadee” informaron sobre la realización de la exhumación de los restos de las ví­ctimas asesinadas en la masacre de El Calabozo, en el municipio de San Esteban Catarina, en San Vicente. Los trabajos de exhumación se hicieron este lunes en una sola fosa, en la cual se presume que están los restos de una familia asesinada durante esta masacre realizada del 17 al 22 de agosto de 1982.

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La diligencia fue desarrollada por una experta del Equipo Argentino de Antropologí­a Forense (EAAF) y personal del Instituto de Medicina Legal. Se realizó por orden judicial y bajo la coordinación de la Fiscalí­a General de la República (FGR).

El juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en San Vicente, reabrió a inicio de este año la investigación de la masacre de El Calabozo, ante la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistí­a. Según el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas (ONU), más de 200 personas, entre las habí­an muchos menores, fueron asesinadas presuntamente por soldados del Batallón de Infanterí­a de Reacción Inmediata (BIRI) “Atlacatl”.

https://www.youtube.com/embed/2AJ4NRafuWA

El informe de la ONU señala que las ví­ctimas llegaron al lugar huyendo de grandes operativos militares en otras zonas. Agrega que las zonas de los operativos eran trincheras de miembros de la guerrilla y el ejército se trazó como objetivo “limpiar” de guerrilleros el área, lo que imposibilitó la inhumación de las ví­ctimas en su gran mayorí­a.

Por la masacre de El Calabozo son acusados el que entonces era ministro de la Defensa, Guillermo Garcí­a; el jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima; el comandante del BIRI “Belloso”, Antonio Méndez; el comandante del DM-2, Sigfredo Ochoa Pérez; y el comandante de la Brigada de Artillerí­a, Adalberto Landaverde. Estos miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) son acusados por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, grandes estragos, entre otros.

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