Eugenio Chicas: FGR le implica en corrupción por $282 mil

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Eugenio Chicas: Su grupo familiar está implicado en enriquecimiento ilícito, por $282 mil dólares. Sólo a Eugenio Chicas se le acusa por $252 mil; pero éste insiste que la acusación es una “venganza política”.

Por Alessia Genoves


$282 mil dólares implican a Eugenio Chicas Martínez en acusaciones por corrupción. El trámite judicial ha sido administrado por la Fiscalía General de la República (FGR), y la documentación que constata sus arraigos ha sido llevada a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador. Las imputaciones responden al delito de enriquecimiento ilícito, e implican -además de a Chicas- a “cónyuge Blanca Estefany Ayala Martínez, su exesposa Ana Lucia Ramírez Ayala y su hijo Carlos Ernesto Chicas González”.

En mi país no existen garantías para procesos justos, sin embargo, estoy listo para demostrar que éstos no es más que una venganza política”, expresó Chicas ante las acusaciones, pero sin detallar a qué tipo tipo de acciones ni la entidad responsable se implicarían en esa retribución.

Eugrenio Chicas ha tenido un notable currículo de participación política, desde el año 1997. Su participación como diputado propietario por el partido FMLN (1994-2004), no obstante, está ausente de señalamientos. Por contra, las auditorías iniciales de la Corte de Cuentas de la República (CCR), demuestran irregularidades en la gestión de su patrimonio, desde los años 2009 al 2018; es decir, cuando fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Secretario de Comunicaciones de la Presidencia.

Chicas acusado

$130,768.14 implicaban inicialmente Eugenio Chicas, en la presunta comisión del delito de lavado de dinero y activos. El dato ha sido divulgado por el político salvadoreño, desde horas de la tarde del 10 de diciembre de 2022. Exhibió un documento certificado por la Corte de Cuentas de la República (CCR), sobre su análisis patrimonial, declarando que “existen indicios de enriquecimiento ilícito”.

CCR detallaba en su resolución que los indicios que lo implican en posibles fraudes, tienen registro desde que ejerció su primer cargo como “Magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, en el período del 1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2014”; así como en su ejercicio de “director propietario de la Junta Directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), en el período comprendido del 24 de junio de 2011 al 1 de agosto de 2014”.

También señala implicaciones durante su período como “Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, en el período comprendido del 15 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2018”; y, cuando era “Diputado del Parlamento Centroamericano desde 1 de abril del año 2018 al 27 de octubre del 2021”. Como se menciona, las irregularidades expuestas por la CCR no tienen arraigo en los períodos anteriores al año 2009; es decir, cuando fue diputado propietario en la Asamblea Legislativa.

Incautación y destino de los bienes que provienen de actos de corrupción” es la materia que la CSJ busca investigar, para relacionar los señalamientos contra Chicas. En el documento divulgado por el político, se detalla que la institución de justicia aplicará jurisprudencia que no sea exclusiva a la causa penal por enriquecimiento ilícito, establecido en el artículo 312 del Código Penal; ni a la “Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen Ilícito”.

Familia Chicas

$252,306 dólares es el monto que individualiza a Chicas González, en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Éste dato ha sido divulgado por la FGR, en un comunicado oficial, en el detalla otras implicaciones -por el mismo delito- sobre su grupo familiar. La demanda colectiva presume irregularidades en la gestión patrimonial, por un monto total de $282,494.21 dólares.

$30,188 dólares también implican a terceras personas, en la adquisición irregular de fondos, dentro de su patrimonio. El saldo investigado pasó por la Sección de Probidad de la CCR, que identifica a su ex-esposa, Ana Ramírez; su actual cónyuge, Blanca Ayala y su hijo, Carlos Chicas en las causas penales descritas.

Blanca Ayala, por su parte, es acusada porque no pudo justificar la adquisición de $11,282 dólares a su patrimonio. Su ex-esposa, por otra parte, es referida en el informe de la CCR porque se observaron $17,826 dólares en sus haberes, que tampoco pudo justificar. Finalmente, un registro de $1,080 dólares se observó en los haberes de Carlos Chicas, sin poder justificarlo.

Roces de Chicas

Eugenio Chicas niega las acusaciones formales. Sin embargo, los señalamientos de la CCR se hicieron patentes en la denuncia formal por la FGR, apenas un mes transcurrido en la presentación del informe. Pese a ello, el político reafirma su solvencia, una posición que manifestó desde que hizo público el señalamiento, el pasado 10 de diciembre del año 2022.

Cada dólar que tengo corresponde a mis ingresos legalmente recibidos(que no eran más altos que los de actuales funcionarios)”, sostuvo. “Administré sin reparos de CCR $116 millones en TSE y $24 mill en secretaría”, aseguró el ex-funcionario, sobre los cargos y períodos cuestionados en la administración pública.

Chicas Martínez sostuvo, inicialmente, que los roces con el gobierno iniciaron “después del juicio que gané a Bukele”, según sus palabras. Éste caso, particularmente, se ventiló en el Juzgado de Sentencia de Santa Tecla (La Libertad), acusando al entonces alcalde municipal, Nayib Bukele, por el delito de calumnia. Las declaraciones que fueron controvertidas, sin embargo, se hicieron de forma tácita ya que Bukele, en sus palabras, no mencionó en 2017 el nombre del funcionario presidencial que “violó a su hija de crianza y luego se casó con ella para evitar la cárcel”.

Hay que añadir, que en 2018, cuando ejercía su cargo en la Secretaría de Comunicaciones, el acusador anunció su renuncia. Aunque se desconoce si lo hizo por las alusiones del comentario de Bukele; se conoce que en 2019 participó en las Elecciones Legislativas, para representar al Parlamento Centroamericano (Parlacen), en las que calificó hasta el año 2021.

El denunciante se había dado por aludido, y su reacción tuvo respuesta mediática. Sin embargo, el mismo Juzgado habría agendado una audiencia conciliatoria, para satisfacer las demandas de las partes, para el mes de marzo del año 2019. Bukele sería sancionado con la entrega de una condena de responsabilidad civil, por $50 mil dólares en favor de Chicas.

Otro roce se dio en 2022. Para entonces, Chicas ya no era funcionario público. Fue citado el 17 de febrero de ese año, para comparecer ante la “Comisión Especial que investiga los sobresueldos entregados de 1989 a 2019”, en la Asamblea Legislativa. A ésta instancia la calificó como una “circomisión”, y una “persecución política”.

Cabe destacar que el señalado declaró haber recibido compesaciones adicionales a su salario, en concepto de aguinaldos; pero las implicaciones respondían a sobresueldos. Al mismo tiempo, éste término estaría patente en el Manual de Contabilidad de la Administración Pública; aunque los diputados expusieron sus argumentos como un hecho constitutivo de delito.

Chicas sostuvo que sus declaraciones patrimoniales las presentó a la sección de Probidad de la CSJ, mientras era magistrado del TSE. Sin embargo, indicó: “luego del período del Parlacen presenté la inicial, pero no presenté la de cierre, porque me falta que me paguen”, insistiendo que el gobierno no ha consolidado el pago de su planilla.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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