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viernes, 23 de julio del 2021

Estamos jodidos

El principal error que ha cometido el gobierno de Nayib Bukele es abordar una emergencia civil con los criterios de una emergencia militar. De dicho mal planteamiento inicial ha derivado una larga cadena de errores: el convertir los centros de cuarentena en lugares de detención y tratar como delincuentes a los infractores de las leyes de emergencia. Y es así como unas medidas oportunas y que, de momento se han mostrado relativamente eficaces en el control de la epidemia, corren el peligro de desgastar políticamente la imagen del Presidente y su gobierno.

La política puede ser así de paradójica: decisiones oportunas y eficaces, pero mal implementadas pueden dejar como saldo, a pesar de su éxito, una traumática sensación de fracaso. Las bajas cifras de contagiados y de muertos por coronavirus revelan que las decisiones iniciales del gobierno fueron oportunas y necesarias. Pero la coreografía (tanquetas, soldados, armas largas, lugares de cuarentena que parecen cárceles, etcétera) con que se lleva a cabo el control de la población proyectan la imagen de que se pretende matar moscas a cañonazos. Lo repito: es un error abordar una emergencia civil con los criterios de una emergencia militar.

La que ahora vivimos quizás sea una experiencia inédita en la historia de nuestra sociedad, por lo que se comprende que ante el desafío político de contener la expansión de la epidemia y de hacerlo con medidas urgentes e imperfectas, lo más probable es que hasta el mejor gobierno habría cometido errores de diverso tipo. Lo que no se comprende es que, cuatro semanas después del comienzo de la crisis, el gobierno no sea capaz de admitir y corregir sus errores iniciales. Desde el punto de vista de sus intereses políticos, no corregir sus propios errores puede suponer al gobierno un gran costo en términos de prestigio.

Se cuestiona a Bukele por no incorporar epidemiólogos a los equipos que organizan la lucha contra el coronavirus, pero el mismo reproche se le podría dirigir por no contar con psicólogos sociales y sociólogos que evalúen puntualmente las consecuencias que tienen en la ciudadanía las distintas medidas adoptadas por el gobierno. Los centros de confinamiento pueden tener efectos traumáticos para muchas personas y el gobierno no puede desatender esa importante variable subjetiva porque si la desprecia, aparte del daño psicológico que puede causar una cuarentena gestionada con criterios militares o policiales, esa misma conmoción emocional puede transformarse rápidamente en rechazo político a su gestión de la crisis. De ahí surge la paradoja política de que sus medidas eficaces en el control de la epidemia no causen alivio sino que indignen a un sector de la ciudadanía.

Hay un sector de la opinión pública que, escudándose en el derecho a la crítica, desde el primer momento inició una sistemática campaña en contra del gobierno, sin concentrarse en la epidemia y los desafíos logísticos que supone controlarla. “Puaj, esos 300 dólares eran una limosna populista y que a estas alturas tengamos tan pocos muertos tampoco significa nada. Este presidente es un inútil”. Tenemos un cuadro lamentable: A un gobierno “sordo” –sin sentido autocrítico e incapaz de unir a todo el pueblo en la lucha contra el coronavirus– debemos sumar una oposición que, invocando la defensa de los derechos humanos, lo que hace en verdad es pintar las cosas peor de lo que son en términos objetivos y aprovechar la crisis sanitaria para obtener miserables ganancias políticas. Estamos jodidos.

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