Antes que concluyera la Guerra Fría, EEUU hizo su propia rectificación histórica en Centroamérica. Los Republicanos que gobernaron entre 1980 a 1992 (Ronald Reagan y luego George Bush padre), transitaron de apoyar incondicionalmente a sus aliados anti-comunistas a facilitar negociaciones de paz y contribuir a la construcción de la democracia por vez primera en El Salvador.
Tras la cúspide armada de 1989, coronada trágicamente con la masacre de seis Sacerdotes Jesuitas y sus dos acompañantes, el Congreso de EEUU sancionó política y financieramente a la Fuerza Armada el 19 de octubre de 1990 para forzar a la institución y a “La Tandona” a participar activa y constructivamente en las negociaciones de paz. Condicionó la restitución de la asistencia militar a que el gobierno de Alfredo Cristiani de ARENA se mantuviera en la mesa de negociaciones -bajo la mediación de Naciones Unidas- con el FMLN y que ofreciera concesiones sustantivas para poner fin a la guerra en un marco nuevo de respeto a los Derechos Humanos (DDHH).
Concurrentemente, se desarrollaron negociaciones regionales de tal suerte que Centroamérica desembocó primero en el Protocolo de Tegucigalpa y luego en el Tratado de Seguridad Democrática para sepultar la instrumentalización política de los ejércitos y policías en cada país y así prevenir todo prospecto de tiranía.
Esta misma instrumentalización es la que argumentó nuevamente el Congreso de EEUU en diciembre del 2020 para sancionar al gobierno de Nayib Bukele y suspender la asistencia militar. En esa misma legislación se mandata al gobierno federal -estando aún Donald Trump en el poder- a producir una lista con funcionarios presentes y pasados responsables de corrupción, de violaciones a la Democracia, el Estado de Derecho y los DDHH. Ésta será la “Lista Engel” bautizada así en honor al excongresista Eliot Engel que dedicó sus esfuerzos a la democratización de Centroamérica.
Nuestros socios norteamericanos y europeos cuentan con los instrumentos propios de la democracia para forzar a rectificaciones de tiranías y sancionar a individuos e instituciones en los términos descritos. El informe anual sobre DDHH de EEUU es uno de ellos. El 2018, la Administración Trump afirmó que este informe “ha impulsado a gobiernos a cambiar el curso de sus actuaciones y dejar de ejercer brutalidades y otros abusos” y lo calificó como “una de las armas más potentes del arsenal diplomático” de EEUU.
El 25 de enero pasado, varios congresistas suscribieron una carta al presidente Biden -quien contaba con cuatro días apenas en la Casa Blanca- para solicitarle activar contra los centroamericanos la poderosa “Ley Global Magnitsky” capaz de decretar una “muerte financiera en vida” a los sancionados como castigo a sus inhumanos y abominables actos.
El 30/03/21, la Administración Biden presentó en el capítulo sobre El Salvador del informe anual, una lista de “individuos de interés” por las violaciones indicadas. Son mencionados: el propio Nayib Bukele por la toma militar y policial de la Asamblea Legislativa (9-F) hasta varios miembros de su Gabinete, pasando por un “reconocido seguidor de Bukele” identificado como Walter Araujo.
Los desafortunados tweets de Bukele conta la Congresista Torres son anecdóticos ante la seriedad de la reforma migratoria para regularizar a millones de nuestros compatriotas en EEUU y la visita del Enviado del presidente Biden para su plan en Centroamérica, Ricardo Zúñiga, antecedida por fuertes aclaraciones desde Washington DC: no habrá un centavo de los US$ 4 mil millones del plan para los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Somos testigos y protagonistas de una reconfiguración de las relaciones entre EEUU y Centroamérica, y entre EEUU y El Salvador en particular, que no veíamos desde 1990. Así como Cristiani no tenía opción B, tampoco la tiene Bukele: las negociaciones de paz para Cristiani, la rectificación democrática para Bukele. De las sanciones a individuos e instituciones, El Salvador puede pasar a sanciones económicas y de bloqueo a préstamos internacionales.
La sentencia a cadena perpetua contra el hermano del presidente hondureño marca también esta reconfiguración porque algunos congresistas han decidido atajar a las familias codiciosas centroamericanas en connivencia, desde las casas presidenciales, con el crimen organizado. Familias que transitoriamente se burlan de la justicia interna, pero a las que el sistema de justicia internacional las alcanzará temprano o tarde.
