La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el jueves para el coronel Inocente Orlando Montano 150 años de cárcel por su participación en el asesinato en noviembre de 1989 en El Salvador del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita Ignacio Ellacuría, y de otros cinco sacerdotes pertenecientes a esta orden religiosa, cuatro de ellos españoles, de acuerdo a lo publicado hoy por EL país y agencias internacionales.
De acuerdo a la información, el ministerio público solicita para Montano 30 años de prisión por cada uno de los “cinco asesinatos terroristas” de los religiosos españoles y la privación de todos los honores militares.
Montano era en 1989 viceministro de Seguridad Pública de El Salvador. Insigne miembro de La Tandona, promoción de una veintena de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército, el mando se hizo célebre por su fiereza contra los jesuitas, a los que atribuía conexiones terroristas. "Los jesuitas están plenamente identificados con los movimientos subversivos", llegó a clamar Montano días antes del 16 de noviembre de 1989.
Un grupo de militares de una fuerza élite asesinó a Ellacuría. Filósofo y teólogo de la liberación, el religioso se había convertido en un personaje perturbador para la dictadura imperante en la época, aunque el presidente Alfredo Cristiano era un civil. Las posiciones de Ellacuría proclives al diálogo y su voluntad para alcanzar la paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejecutivo situaron al cura en la mirilla de los cenáculos más reaccionarios del Gobierno controlado por la formación Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), indica EL PAíS.
Con los seis jesuitas también fueron ejecutados la mujer y la hija del guardián de la universidad, de 15 años.
Montano fue uno de los cinco coroneles considerados clave en el caso. El mando actuó bajo las órdenes del entonces jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce, fallecido en 2014.
El ministerio público solicita también cinco años de prisión menor para el teniente René Yusshy Mendoza, miembro del batallón Atlacatl, grupo encargado de ejecutar la matanza.
La Fiscalía considera que Mendoza “ha colaborado activamente con la investigación” y “tenía notablemente disminuida su capacidad” porque la desobediencia a las órdenes del Estado Mayor podía suponer riesgo para la vida.
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Montano, hoy con 76 años, “participó en la decisión, diseño y ejecución de los asesinatos”, según el escrito presentado por la Fiscalía al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El documento estima que el procesado constituyó “una estructura al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública [“¦] con ejecuciones civiles y desapariciones forzosas”.
La Audiencia Nacional abrió la causa por la matanza de los jesuitas en 2011 en virtud del principio de justicia universal. EE. UU., donde Montano aterrizó en 2001 con documentación falsa, entregó al coronel a España en 2017. El juez envió en noviembre de ese año a Montano a prisión por su participación en el plan que culminó con el asesinato de Ellacuría y de los jesuitas españoles Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo; Joaquín López era salvadoreño.
Con documentos desclasificados de EE. UU., la investigación judicial estima que Montano fue testigo del momento en el que el coronel y ministro de Defensa René Emilio Ponce ordenó a su subordinado Guillermo Alfredo Benavides asesinar a Ellacuría y no dejar testigos.
Días antes de la matanza, el Ejército había orquestado una campaña de desprestigio contra los jesuitas vinculados a la Universidad Centroamericana (UCA), según la Fiscalía. “A Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser uno de los principales consejeros y estrategas del FLMN [“¦]. Los jesuitas eran extranjeros enviados por España para recolonizar el país, eran líderes de hordas terroristas”, sostiene el ministerio público en un escrito firmado por Teresa Sandoval.
El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda alegó incluso que los sacerdotes fueron cómplices del asesinato del fiscal general de El Salvador. “El enemigo está entre nosotros. Debe ser identificado y denunciado. Por tanto, por tanto, vamos a tomar la decisión final para resolver esta situación”.
