El Centro de Intervención de las Telecomunicaciones en el marco del régimen de excepción, tendrá dentro de poco “una plataforma tecnológica de vanguardia”, ya que el miércoles los diputados de la Asamblea Legislativa le aprobaron US$10 millones 934 mil 995 a la Fiscalía General de la República (FGR), para que pueda comprar ese equipo.
Durante la discusión de la pieza, los legisladores del oficialismo defendieron tal iniciativa.
“El acompañamiento y el respaldo que la Fiscalía está dando en el marco del Régimen de Excepción es sumamente importante. Por tanto, debemos darle el apoyo presupuestario necesario para que su trabajo se fortalezca”, dijo el diputado oficialista, Francisco Villatoro.
Mientras tanto, los diputados opositores como la efemelenista, Dina Argueta, manifestaron su descontento con la aprobación de los fondos, debido a que el fiscal, Rodolfo Delgado, incumplió la ley que regula la intervención telefónica al no presentar un informe sobre la utilización de la herramienta a lo largo de 2021.
“La FGR no cumple con el mandato de ley de presentar un informe, que debió presentarlo en enero. Ni vino el fiscal ni envió el informe, pero sí envía una solicitud de más asignación de fondos”, dijo Argueta.
“¿Las comunicaciones de quién? ¿De periodistas, con Pegasus? ¿De defensores de derechos humanos? No sean hipócritas. Por un lado se criminaliza a gente que pretende defender la legalidad en El Salvador, y por otro le han ayudado a criminales a escapar”, apuntó la diputada Claudia Ortiz de la fracción de VAMOS.
Inclusive el PCN, aliado del oficialismo, se pronunció con mesura, puesto que Reynaldo Cardoza indicó que el presupuesto de la FGR debería mejorarse pero para el trabajo de los fiscales.
“No sería lo correcto. Deberían dar más para fiscales. Hay algunos que tienen 200 casos cada uno”, indicó Cardoza, quien previamente denunció que ha sido víctima de escuchas telefónicas, pese a que no anda “hablando mal, ni obrando mal”.
En El Salvador a inicios de este 2022 una investigación de Citizen Lab, especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, determinó que más de 30 teléfonos celulares de periodistas y activistas fueron infectados con el malware.
Pero el refuerzo presupuestario no solo se limitaba a eso, ya que los diputados también le otorgaron al Ministerio Público US$3 millones 65 mil para la línea de trabajo “Acciones Legales a Favor del Estado”.
Esto significa que el gobierno contrate expertos en litigios internacionales ante demandas de arbitraje internacional.
El presupuesto asignado para dicha línea para 2022 es de US$4.1 millones, solo se han usado $1.6 millones, por lo que está aún cuenta con disponibilidad presupuestaria.
