Por René Martínez Pineda
El país estaba patas arriba porque nos gobernaban con las patas, y eso hacía que las personas, en procesión del silencio, eligieran a los corruptos de turno para que rigieran con mano de hierro su pobreza y darles permiso de que metieran a sus hijos bajo llave para que los criminales circularan libremente. Hablar de corrupción y cargos públicos como finca familiar, era hablar del gendarme de la gobernabilidad que escribió la historia nacional. A raíz de la misteriosa desaparición de fondos públicos, la Cámara del Senado emitió la Orden 26 (20 de febrero de 1858, Cojutepeque) que dice: “Tomada en consideración por la Cámara la proposición de varios Representantes, contraída a que se ordene que las limosnas remitidas para socorrer a los habitantes de San Salvador que sufrieron en la ruina de 16 de abril de 1854, sean distribuidas conforme la intención de los donantes… y 3ro., que las personas que hayan sido encargadas de la distribución de esas limosnas queden obligadas de dar a la municipalidad los informes que les pida…” Nadie informó.
La historia está llena de esos actos que cayeron en el cinismo disfrazados de “costumbre institucional”, y eso no provocaba ningún problema de gestión del poder, porque fueron ejecutados en nombre de ese poder. El problema de esa herencia política era que nadie la impugnaba para que la corrupción (cara perversa del poder) siguiera como gendarme de la gobernabilidad e impidiera reinventar el país a imagen y semejanza del pueblo.
Para botón, una muestra: “En nombre del Estado del Salvador y en sentencia definitiva: se destituye de los cargos de diputados a Don Albino Díaz, Don Joaquín Bustillos, Don Jeremías Menéndez, Don Bernardo Perdomo, Don Horacio Parker y Don Eustaquio Guirola, declarándolos indignos de la confianza pública, quedando sujetos al Tribunal de 1ª Instancia de este Distrito”, Cojutepeque, 5 de mayo de 1858, año en que la renta del aguardiente generó los mayores ingresos en la administración de rentas. Lo curioso del fallo son los apellidos involucrados y que se les siguiera diciendo “Don”.
En esa época en que la función de la policía era barrer las calles, la corrupción cabalgaba como basura desbocada en su carrera de doscientos años sin obstáculos. “La policía –decía el Parte No Oficial de 1858- es el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y república… No se necesita de mucho trabajo y costoso esfuerzo para hacer que las calles y plazas de una villa o ciudad se vean constantemente limpias de toda basura e inmundicia…” Pero nunca se consideró a los corruptos como inmundicia.
En esa lógica que muestra la presencia de ese gendarme de la gobernabilidad y que comprueba que “sí hay mal que dure cien años y cuerpos que los resistan”, el Ministerio de Hacienda y Guerra tomó, el 21 de junio de 1858, el Acuerdo No. 7 referido a los cortes de caja: “En consideración a que así en tiempos anteriores como en el presente en que la contabilidad de las oficinas de Hacienda está basada en datos y reglas fijas, las autoridades encargadas por ley para hacer los cortes de caja en las administraciones de renta, lo verifiquen sin cerciorarse de la exactitud de las entradas y salidas de caudales y más que todo de las existencias en numerario que aparecen en los estados, poniendo en ellos el visto bueno sin examen ni observación de ninguna clase, por lo cual han venido a convertirse en una fórmula inútil dichos actos, haciéndose de ellos algún abuso que la ley ha querido evitar por este medio; resultando de esto que en algunos casos aparece una existencia del numerario y sólo se remite a Tesorería General la mitad, o menos de ella; ya sea por un error de cuenta o porque se disponga de los fondos indebidamente, lo que muy bien puede evitarse si la autoridad procura averiguar en el acto del corte de caja, ya sea el equívoco, la mala inversión o destino de las existencias del mes anterior… deseando el Gobierno corregir toda clase de abusos en este particular y regularizar los actos”. Fue entonces que la oligarquía, para ocultar la malversación de fondos, inventó el maquillaje contable.
Pero, ¿cómo se podía evitar esa malversación si la corrupción fundaba la nación?: “las dos caballerías de tierra compradas de orden del Supremo Gobierno en el puerto de la Concordia, son de una feracidad conocida y capaces de producir con buen éxito maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar, algodón y otras siembras. Estando autorizado el que suscribe por el Gobierno para repartirlos en personas honradas y laboriosas, lo avisa para que el que guste cultivar y edificar casa en dicho puerto comparezca, seguro de que si tiene las cualidades indicadas serán obsequiados sus deseos (Rafael Osorio, 9 de julio, 1858.) En esa época analfabeta en que se repartía la tierra como tarjetas de navidad: ¿quiénes leyeron el anuncio? ¿Quiénes podían cultivar y edificar casa? La corrupción ha sido, literalmente, un Matusalén, hasta que vino alguien a hacer los preparativos para su entierro en el cementerio de los ilustres deslustrados.
